La política española vive instalada desde hace años en una paradoja permanente. El Gobierno de Pedro Sánchez parece colocarse al borde del precipicio constantemente, pero nunca termina de desmoronarse por el acantilado. Cada crisis, cada escándalo o cada derrota parlamentaria alimenta la expectativa de un final inminente, sin embargo, una y otra vez el Ejecutivo encuentra la forma de sobrevivir, bien por mérito del resiliente Sánchez haciendo gala de su manual de resistencia, o bien por incapacidad de sus adversarios políticos.
La posibilidad de una moción de censura impulsada por el Partido Popular vuelve a situarse en el centro del debate, aunque la matemáticas parlamentarias que requieren mayoría absoluta, 176 votos, y la pegajosa sombra de Vox que se alarga desde los gobiernos autonómicos hace que los números no den.
Aún así, la presión del PP sobre Junts y el PNV se ha intensificado desde el estallido del caso Plus Ultra y la imputación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha llegado como un dardo al corazón de los socialistas, y muy especialmente tras el registro de la sede del PSOE por la UCO buscando información sobre la trama Leire Díez y el montaje de una gestapillo que presuntamente habría intentando influir sobre casos que afectaban a los socialistas.
Pero esa presión tiene más valor político y comunicativo que posibilidades reales de éxito parlamentario. Sirve para alimentar el relato de que tanto Junts como especialmente el Pnv son cómplices de Sánchez, que están sumergidos en la charca de corrupción como la ha denominado el ex presidente Aznar. Quizá lo sepa porque tres de sus ministros, Rato, Matas y Zaplana dieron con sus huesos en la cárcel precisamente por ese delito.
La toxicidad de Vox hace inviable que nadie más se acerque al PP, y mucho menos colgarse la medalla de haber propiciado una moción para que esta formación, hipotéticamente, entrara a un Gobierno de España junto a los populares. No hay ningún incentivo para que estos partidos alteren su postura, ninguno.
Por otra parte está Pedro Sánchez, sabedor de que mientras no exista una mayoría alternativa viable, cualquier crisis es gestionable. De ahí, su insistencia en concluir los cuatro años de legislatura.
Tampoco parece que el presidente del Gobierno se vea interpelado por las peticiones de adelanto electoral que cada vez gana más puntos entre los socios de investidura. Entonces la pregunta parece evidente ¿para qué permanecer en el Gobierno?
Órdago a que la disolución de las Cortes llega en otoño, y tras transcurrir los 54 días naturales preceptivos, estaremos votando en enero de 2027 ¿te atreves a apostar?
Partamos de la base de que democráticamente es legítima la permanencia hasta el final de la legislatura, pero permanecer por permanecer al tran tran del tempus fugit qué sentido tiene. El desgaste y el abrasador horizonte ante la incapacidad para aprobar medidas y mantener una mínima agenda legislativa es una razón de peso para replanteárselo.
Segundo, la evolución de los casos de corrupción o cualquier otra crisis que pueda erosionar más al Gobierno cómo sitúa a los partidos, a todos, también a los socialistas, frente a la cita electoral de las municipales y forales de mayo del año que viene.
El temor a un súperdomingo electoral hace temblar a la infantería socialista como apunta el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, y desde luego es un escenario de pesadilla para Aitor Esteban e incluso para EH Bildu. El temor no es infundado, ya que la agenda española ensombrecería los mensajes de Euskadi y para Euskadi.
Lo único cierto es que Sánchez, al menos a corto plazo, con la llegada del Papa, el mundial de fútbol y el verano va a seguir jugando la partida que mejor conoce, la resistencia. Aún y todo, personalmente me la voy a jugar, al fin y al cabo somos vascos y nos gusta apostar. Órdago a que la disolución de las Cortes llega en otoño, y tras transcurrir los 54 días naturales preceptivos, estaremos votando en enero de 2027 ¿te atreves a apostar?
