Un centro sanitario
Hay una dialéctica constante entre posiciones liberales y socialistas (renuncio al engañoso espejismo de poner siglas políticas) a la hora de organizar una sociedad.
Las posiciones socialistas subrayan la importancia del Estado, y la necesidad de fortalecerlo y expandirlo.
Las posiciones liberales insisten en la libertad del individuo, la familia y toda clase de asociaciones y entidades que aquellos funden de modo pacífico, libre y voluntario.
Las posiciones socialistas suelen ser mayoritarias (en Euskadi, los tres partidos más fuertes inspiran su práctica en esa visión política) mientras que las liberales son francamente minoritarias.
Prudencia y discreción
Las posiciones socialistas se pronuncian con vehemencia, mientras que las liberales deben hacerlo con prudencia y discreción. Observaron David Hume y John Stuart Mill (en párrafos de literalidad distinta, pero idéntico contenido), que quienes defienden opiniones populares suelen ser dogmáticos e imperiosos en su estilo, mientras que sus adversarios afectan una moderación casi excesiva, a fin de suavizar los prejuicios en su contra.
Mill escribió: “Las opiniones contrarias a las comúnmente admitidas aspiran a ser escuchadas mediante una estudiada moderación del lenguaje, expresadas con exquisito cuidado para evitar toda ofensa innecesaria. Mientras, el insulto desmesurado al que recurre la opinión dominante disuade a la gente de adherirse a las opiniones contrarias y de escuchar a quienes las defienden”.
Esa es una de las razones de la inusitada importancia que ha cobrado el constructo “desmantelar” el estado del bienestar.
El Estado español, en sus distintos niveles políticos, se apropia hoy de más de un 45% del PIB. Pero la más mínima objeción a un nuevo aumento suscita la cólera general y la denuncia intimidatoria de perseguir, taimadamente, “desmantelar”.
Se hurta el debate
Entre acaparar casi la mitad de lo que existe y no acaparar absolutamente nada hay un amplio margen de consideración (del 0 al 45%, en concreto) pero se hurta toda posibilidad de debate con un dedo acusador.
Es irrelevante lo que quieras argumentar: si no eres partidario de un 45%, o más, en manos del Estado, sin duda tu objetivo no es ya disminuir, sino liquidar, el sector público.
El anarcocapitalismo es un divertido anarquismo para pijos sin ningún futuro más allá de la barra de bar
Con esta presunción de brocha gorda es imposible obtener permiso para iniciar un debate racional y civilizado.
Sin duda hay partidarios de desmantelar el Estado. En persona, no conozco a ninguno, pero el universo digital demuestra que existen.
Una vez me topé en alguna red social con un sujeto extravagante que explicaba la posibilidad de construir autopistas mediante arduos y laboriosos acuerdos entre propietarios de parcelas adyacentes de terreno, sin necesidad de una dirección pública y, por supuesto, sin el ejercicio del poder expropiatorio por ninguna autoridad.
Son elucubraciones divertidas, pero nadie puede tomárselas en serio.
El anarcocapitalismo es un divertido anarquismo para pijos, sin ningún futuro más allá de la barra de bar donde se elucubra sobre tales experimentos.
Lo que sí tiene futuro es debatir sobre la reducción del presupuesto público.
Algunos opinamos que hay funciones del Estado irrenunciables: seguridad exterior e interior; poder judicial ágil y efectivo que enmiende los incumplimientos contractuales y sancione los delitos; servicios educativos y sanitarios para quienes no pueden pagárselos.
El volumen de servicios que debe atender el Estado es discutible, y discutir sobre él no significa desmantelar
Sería razonable, a partir de esos mínimos, debatir, en efecto, sobre el gasto político, la transferencia de recursos públicos a poderes fácticos y grupos de presión, o el pozo sin fondo que supone la cooperación internacional, sobre todo en momentos de crisis.
En efecto, el volumen de servicios que debe atender el Estado, en su infinidad de niveles administrativos, es discutible. Y discutir sobre él no significa desmantelar. Declarar que el fin de cualquier debate al respecto es la desaparición del Estado resulta una escapatoria argumental para no cuestionar el destino del dinero público, un destino que, como se sabe, no siempre es legítimo, ni ético, ni loable, ni ejemplar.
