Cuando una institución pública prepara y aprueba unos presupuestos, todos suponemos que se han hecho teniendo en cuenta las necesidades reales de la sociedad a la que representa y que van a ayudar a solucionar, o al menos atender, sus principales carencias.

Por eso, es muy triste comprobar cómo año tras año algunas de estas instituciones dejan una buena parte de sus cuentas públicas sin ejecutar. Aunque, por supuesto, este dinero no se pierde y pasa como remanente para las cuentas públicas del próximo año, no deja de ser un fracaso no llegar a atender en un ejercicio todas las necesidades detectadas y asumidas en un presupuesto, a pesar de contar con el dinero consignado para acometer esas acciones.

Este verano salía a la luz pública la cifra tan importante de dinero que el conjunto de los ayuntamientos vascos no había podido ejecutar durante 2025. Nada más y nada menos que 1.100 millones de euros, más del 20% de su presupuesto anual.

Llama la atención que sigan sin abordarse las principales causas que lo provocan

¿Se imaginan la cantidad de proyectos, algunos de ellos urgentes, que se podrían haber realizado con ese dinero? Este problema no es nuevo, pero sí que llama la atención que sigan sin abordarse las principales causas que lo provocan.

La primera y, sin duda, la más importante es el exceso de burocracia y la poca agilidad de una ley de contratos que no se ha adaptado a las nuevas necesidades y que provoca cuellos de botella que generan retrasos inasumibles para muchas instituciones.

Cualquier persona que trabaje en cualquier ayuntamiento es perfectamente consciente de esta situación, es más, la padece todos los días. Contratos que tardan meses en salir a licitación por trámites absurdos e incomprensibles o que tardan en adjudicarse más de 4 meses por otros trámites innecesarios o por falta de personal.

Un desastre total que va en contra del rigor que debe velar cualquier proceso de contratación pública. El rigor no sólo se mide por la transparencia del proceso; la agilidad y profesionalidad deben ser otros de los requisitos necesarios para modernizar nuestras instituciones.

Esta situación es aún más grave porque la mayoría de ese dinero que se ha dejado de invertir corresponde a nuevas inversiones, de hecho, los consistorios vascos no llegaron a ejecutar en 2025 el 50% de sus inversiones previstas.

Es urgente buscar una solución real a esta situación y no veo iniciativas de ningún grupo político

Es decir, 1 de cada 2 euros para nuevas actuaciones en las ciudades y pueblos de Euskadi no salió de las arcas municipales. Es urgente buscar una solución real a esta situación y, la verdad, no veo iniciativas de ningún grupo político para poner fin a un problema casi endémico de nuestras instituciones.

Es verdad que frente a esta cifra de ejecución francamente decepcionante por parte de los ayuntamientos vascos, la situación en las diputaciones es diametralmente opuesta.

Las 3 entidades ejecutaron en 2025 más del 98% de su presupuesto general y el 87% de su capacidad inversora. En el punto medio se encuentra el ejecutivo autónomo con un 5% de su presupuesto de 2025 sin ejecutar, algo más de 810 millones de euros.

Los gobiernos encargados de la ejecución de los presupuestos públicos deben velar por que todos los proyectos puedan realizarse en el tiempo y forma adecuados

Los presupuestos públicos son una de las principales herramientas para el progreso y la distribución equitativa de riqueza en un territorio y los gobiernos encargados de su ejecución deben velar por que todos los proyectos puedan realizarse en el tiempo y forma adecuados.

Necesitamos una reforma integral y urgente de los procesos administrativos para abandonar requisitos decimonónicos y entrar en la era digital.

No basta con crear perfiles de contratante digitalizados si luego somos incapaces de acelerar los procesos administrativos.

Es hora de contar con administraciones del siglo XXI que sean capaces de dar respuesta ágil a las necesidades de los territorios que gestionan.

Es inaceptable que en un año se queden sin ejecutar la mitad de las inversiones propuestas sólo porque hemos sido incapaces de “solucionar el papeleo necesario”.

Este tipo de “ahorro” es un absoluto fracaso para toda la sociedad.