A mí que la gente se indigne ante las injusticias que padece me parece formidable; de hecho, más deberíamos indignarnos y, si lo hiciéramos y a continuación nos rebeláramos con hechos más que con palabras, mejor nos iría.

Sólo que no es oro todo lo que reluce ni producto de la indignación todo lo que se moviliza ni, mucho menos, quienes se indignan tienen siempre la receta para solucionar el problema por el que se indignan, por muchos aspavientos que hagan, alcen la voz, redacten listas interminables con propuestas inverosímiles, rodeen el Congreso o, en un caso extremo, empleen la violencia, en cuyo caso pierden la razón en el caso de que inicialmente la tuvieran.

Es lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados: primero, se tilda de enemigo al que piensa distinto; a continuación, se ejerce la violencia o se amenaza con ejercerla. Y es que indignarse por la vivienda es más que razonable, lo cual no quiere decir que las propuestas que se presentan sean la solución que se necesita… incluso aunque uno sea de izquierdas.

Hay millones de personas que se encuentran hartas ante la situación del mercado de la vivienda y la enorme dificultad, si no absoluta imposibilidad, de acceder a una vivienda en alquiler, mantenerse en ella o hacerse con una en propiedad, especialmente si uno quiere o no le queda otra que independizarse solo.

Esto es comprobable con especial crudeza en las grandes ciudades y en los centros urbanos, donde la oferta de vivienda es insuficiente y la poca que existe acaba en manos de quienes ofrecen más garantías dinerarias, disponen de mejor presencia, tienen aspecto más saludable, no parece que vayan a destrozar la vivienda y frecuentan buenas compañías, el típico casting de toda la vida trasladado ahora al mercado inmobiliario. Y es que la gente no se fía y quiere cobrar por su vivienda.

En concreto, la gota que colmó el vaso fue el desahucio televisado de una anciana de 87 años, acontecimiento que la extrema izquierda manipuló inicialmente y utilizó después para sacar rédito político (en el fondo, unos buitres), mientras clamaba cínicamente contra las injusticias con cara de pena.

Sánchez, obviamente, no pudo dejar pasar la oportunidad de obrar como suele y aprovechar la indignación generada, a ver si con un golpe de suerte y desinformación a raudales logra perpetuarse en la Moncloa.

Tras informarnos los que hemos querido informarnos, hemos podido saber que la casi nonagenaria anciana fue funcionaria que se jubiló a los 59 años, que su contrato se firmó en 1956 y estuvo sometido al régimen de renta antigua, que el PSOE suprimió en 1985 la prórroga forzosa para impedir injusticias y que la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94 limitó las subrogaciones sucesivas del contrato, por lo que la mujer ocupaba una vivienda que ya no era suya, razón por la cual la Justicia decretó su desahucio.

Sabiendo esto, no parece que el desahucio fuera tan injusto como algunos han tratado de vendernos, ni, por lo tanto, tan épica la lucha de quienes cogieron las pancartas, montaron las tiendas de campaña y acamparon en Sol, desde donde, antes de dirigirse al Congreso de los Diputados para presionar a los representantes de la soberanía popular, exigieron al Gobierno de España y a los partidos políticos que tomaran medidas a favor de Maricarmen y para solucionar el problema de la vivienda; en concreto, las medidas que ellos decidieron que debían tomarse y ninguna otra, porque, claro, son esas y ninguna otra las que solucionarían el problema que no ha resuelto nadie.

Que Maricarmen utilizara las triquiñuelas legales que tenía a mano para permanecer en la vivienda más tiempo del que le correspondía es algo que, aun siendo rechazable, no es lo que más me indigna y no me parece que sean demasiada cosa comparada con toda la corrupción que acumula Sánchez; al fin y al cabo, cada cual se aprovecha de las fisuras legales que puede, y es la Justicia independiente, que todavía existe, la que tiene que poner en su sitio al que se pasa de listo o de lista. Lo que me parece más indignante es que se utilicen los dramas ajenos para hacer demagogia política, que cada cual arrime el ascua a su sardina o que nos vendan sus productos averiados.

Del mismo modo, lo peor no es que la chavalería con tiempo libre y posiblemente posibles se reúna en la plaza pública, lance soflamas contra legítimos propietarios y ensucie lo que es de todos con consignas de andar por casa y todas las contradicciones imaginables, sino que los partidos y nada menos que el Gobierno de España asuman sus reivindicaciones como indispensables, cuando si algo caracteriza a los sublevados es que no tienen ni idea de cómo resolver el drama de la vivienda porque además no tienen por qué saber resolverlo. Y, entre ellos, el PNV, caso aparte, que ha votado a favor de algo que rechazan tanto sus dirigentes como sus bases como sus votantes…, pero es que de valientes están los cementerios llenos.

Y lo peor de todo es que mañana estaremos peor que ayer y mucho peor que hace ocho años, momento en el cual Sánchez llegó a la Moncloa y prometió acabar con los desahucios y resolver el problema de la vivienda, cosa que no ha ocurrido porque ni ha querido ni ha sabido ni posiblemente tenga las competencias para ello en el remoto caso de que tuviera alguna idea de cómo hacerlo.

Y, en lugar de haber presentado un proyecto de ley que pudiera ser enmendado, debatido, acordado y votado por los diferentes grupos para llegar quizás a las mejores propuestas (como hicimos, ay, hace más de diez años en el Parlamento Vasco), se opta ocho años después por no ya uno sino hasta dos decretos-ley, el segundo de los cuales deroga parte del primero, y ninguno de los cuales resuelve nada de lo sustancial que debe resolverse más allá de perjudicar a los propietarios con la esperanza de que los inquilinos se sientan así resarcidos y satisfechos.

Además de ser una chapuza técnica y un recurso fraudulento, no resolvían la madre del cordero: la escasez de oferta de vivienda, razón por la cual los precios suben, lo que, sumado a los trabajos precarios, los sueldos bajos, el crecimiento del IPC y la subida del Euríbor, seguirá imposibilitando que quien quiera independizarse, alquilar una vivienda o comprar un piso pueda hacerlo.

Pero es que al Gobierno de España todo esto le importa un carajo, salvo sacar ventaja política, desviar la atención de la invasión de Ceuta, de la Ley de Nietos y de sus corruptelas, hacer electoralismo, terminar de absorber lo que queda a su izquierda y culpar a la derecha y a los fondos buitre de todos los males del mundo.

Y, como ve que no va a estar en otra parecida, Sánchez se plantea convocar elecciones para que los españoles decidamos si definitivamente lo desahuciamos, cosa que muy probablemente ocurra. Y es que, a veces, un desahucio puede ser el inicio de una esperanza, lo cual, en los tiempos que corren, no es poca cosa.