El PSOE llega al final adelantado de la legislatura con el tintero lleno pero sin pluma ni papel en el que escribir. Multitud de normas planteadas por el Gobierno de coalición se quedan en el aire y otras, en tramitación parlamentaria, decaerán por la disolución de las Cortes.
Habrá quien se alegre enormemente de que, por ejemplo, caiga la Ley de Violencia Vicaria. Pasó su primer test a finales de septiembre y ahí se ha quedado. La extrema derecha, que previsiblemente doblará sus actuales resultados y se convertirá en la clave para que la derecha alcance la mayoría absoluta, niega con insistencia la existencia tanto de la violencia de género como de la vicaria.
Considera que ambas acepciones buscan criminalizar al hombre y las engloba dentro del concepto violencia intrafamiliar a pesar de que la violencia de género cuenta con respaldo internacional desde hace décadas. La norma contemplaba medidas como la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato y les prohibía, en clara referencia al caso Bretón, hablar sobre el crimen durante 20 años. La condena por el asesinato de hijos e hijas en un contexto de violencia de género queda por tanto en el tintero y sin respuesta legislativa específica.
Tampoco veremos publicada, por ahora, la Ley contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos que se ha quedado pendiente de una segunda vuelta para su aprobación en el Consejo de Ministros. Hablamos de una de las violaciones más graves de los Derechos Humanos que atenta contra la libertada y la dignidad de las personas pero que se ceba especialmente con las mujeres y las niñas.
Solo en el primer semestre del año pasado, la Cruz Roja atendió a 1.400 personas en situación de trata y explotación en España, el 82% mujeres. La explotación sexual es uno de los fines más extendidos de la trata de mujeres aunque ya comienza a detectarse la explotación laboral, mucho menos visible pero cada vez más generalizada.
Por cierto que esta misma semana la policía ha liberado a 25 mujeres en Ibiza víctimas de una organización que las captaba en sus países con falsas ofertas de empleo en hostelería y centros de manicura pero que eran obligadas a prostituirse al llegar a España. Un caso más, por desgracia, que evidencia la dimensión de un problema que sigue necesitando respuestas.
Las personas del colectivo LGTBIQ+ también se quedan con la miel en los labios. Queda aplazada hasta después de las elecciones la aprobación del Pacto de Estado contra los delitos de odio, pacto frontalmente rechazado por VOX.
Dentro de este pacto se incluía la penalización de las falsas terapias de conversión que buscan modificar la orientación sexual y que ya han sido calificadas como de tortura por la ONU. Consideran los ultras que el concepto “terapia de conversión” criminaliza la asistencia voluntaria a esos procedimientos y que restringe la libertad de creencias. Se preguntan por qué no se puede poner un psicólogo a un homosexual que quiere volver a ser heterosexual, tal cual. ¡Como si la orientación sexual de cada cual fuese una enfermedad! Cabe preguntarse hasta qué punto puede hablarse de libertad cuando se presenta la homosexualidad como algo que debe corregirse.
Tampoco culminará la reforma del artículo 43 de la Constitución destinada a reforzar la protección del aborto. Se encuentra en tramitación parlamentaria pero no ha llegado a la votación definitiva. Añadir un nuevo apartado a ese artículo garantizaría el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios.
Si las encuestas aciertan y los ultras entran en el Gobierno de España, la actual ley de plazos será derogada y sustituida por medidas orientadas a la protección de la maternidad. Consideran que el aborto no es un derecho por lo que las mujeres que deseen abortar se verán abocadas a las clínicas clandestinas o a viajar al extranjero para practicarlo. Retrocedemos a las etapas más negras de nuestra historia. Cuando el acceso legal y seguro se dificulta, las mujeres más vulnerables son quienes tienen menos recursos para buscar alternativas.
La lista de asuntos que han quedado en el tintero es larga y su orientación social evidente. Cae la Ley de Familias en la que se establecía la posibilidad de obtener una prestación universal por crianza para favorecer la necesidad urgente de aumentar la natalidad. Cae el proyecto de ley de protección a los menores en los entornos digitales, con lo que restringir la posibilidad de abrirse un perfil en redes sociales antes de los 16 años se va al garete.
No verá la luz, por enésima vez, la Ley del Cine, ni el Estatuto del Becario o la reforma de la jubilación anticipada sin penalización. Tampoco lo harán las modificaciones de la Ley de familia para favorecer el acogimiento y la adopción, ni la Ley de Asilo y de Extranjería, ni la regulación del uso de la IA ni la aprobación del Pacto de Estado por la Emergencia Climática.
No se si todas estas iniciativas habrían podido aprobarse y ponerse en marcha en el tiempo que restaba de legislatura. Algunas, probablemente, habrían encontrado dificultades parlamentarias o habrían necesitado más tiempo. Pero eso no resta importancia a los derechos, necesidades y problemas a los que pretendían dar respuesta.
El nuevo ciclo político dirá si las propuestas se convierten en realidades. Ante el 29N conviene reflexionar sobre el país que queremos y las consecuencias de nuestro voto. Los derechos no son irreversibles ni se mantienen por inercia sino que son el resultado de años de lucha, negociación y avances que pueden ahora verse cuestionados. Según las encuestas, pintan bastos para lo social.