Los trabajadores de las residencias que rechacen la vacuna podrán ser trasladados de puesto

La vacunación no será obligatoria para los trabajadores de las residencias de mayores, pero Sanidad estrecha el cerco alrededor de los que rechacen ser vacunados pese a estar en contacto con personas de riesgo. Los trabajadores que rechacen la vacuna contra el Covid-19 o que no hayan completado su vacunación deberán hacerse Pruebas de Detección de Infección Aguda (PDIA) –PCR o test de antígenos– mínimo dos veces por semana.  Además, se podrá valorar el traslado de su puesto de trabajo para evitar el contacto con los residentes.

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han decidido llevar a la práctica las recomendaciones de los expertos con el fin de reducir las posibilidades de contagio en las residencias aunque no se impondrá la vacunación obligatoria como se pedía desde diversos ámbitos.

Por ejemplo, la patronal nacional del sector ha abogado por esa obligatoriedad. Desde Euskadi el diputado general de Álava también pedía medidas en la misma dirección, y ayer martes era el sindicato ELA el que defendía la necesidad de una regulación legal para avanzar en el proceso de vacunación del cien por cien de la población como medida más efectiva contra la covid-19 y recordaba que "la responsabilidad recae en los gobiernos que han decidido convivir con el virus, en lugar de erradicarlo".

En la reunión de hoy entre el Ministerio y comunidades autónomas no se ha entrado a valorar la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria, pero la posibilidad de traslado de puesto puede pesar mucho en la decisión de los trabajadores de no vacunarse.

El viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, José Luis Quintas, afirmaba ayer que no se dispone de instrumento jurídico para poder obligar a poner la vacuna al personal sociosanitario ni existe en Euskadi "necesidad apremiante" para hacerlo porque la incidencia de la covid-19 en las residencias de mayores es "mínima" en la actualidad.