Las trabajadoras de la residencias de mayores vascas han estado y están en primera línea de la lucha contra la pandemia y son uno de los sectores profesionales que más se exponen al virus que tan fuertemente ha golpeado a los mayores y ha dejado un reguero de más de 1.000 fallecidos en los geriátricos del País Vasco. Han recibido buenas palabras, palmaditas en la espalda y reconocimientos institucionales y sociales varios, pero, más allá de estos hechos, no han logrado avanzar ni un ápice en la mejora de sus condiciones laborales con conflictos enquistados desde hace años en las tres provincias vascas. Un contexto de conflictividad laboral al que se suma la nueva ola del coronavirus que ha vuelto a entrar en las residencias con 2 fallecidos y 37 contagiados y la intención del LABI de implantar el `pasaporte covid´ en las visitas. El sector residencial es altamente "feminizado" con "amplias cargas de trabajo" que pide y merece alcanzar unas "condiciones de trabajo dignas" que mejoren, además, el servicio que se oferta y cuida de nuestros mayores. Existen diferencias notorias en la características residenciales de cada territorio en función de la predominancia de plazas en el ámbito público, concertado y privado.
Situación en Álava
De los tres territorios vascos, Álava es el que peor situación laboral tiene para los trabajadoras del sector que no cuentan ni con un convenio provincial que dé cabida a sus derechos y obligaciones laborales. Las más de 1.000 trabajadoras cumplirán en el próximo mes de enero tres años de movilizaciones e intentos frustrados por lograr que las residencias se configuren en una patronal con quien interlocutar y negociar sus condiciones laborales. Tras un largo deambular y con la mediación del departamento foral de Políticas Sociales, la situación ha avanzado en los últimos meses con la creación de la nueva Asociación de Centros Residenciales de Álava (ACRA) que representa a las pequeñas residencias privadas del territorio que son "el 50,8% de la representación total del sector" en la provincia, a la que se suma la Asociación de Gestores de Centros Asistenciales para mayores (GESCA) que asume la representación de la parte de las residencias más grandes que operan a nivel autonómico y estatal y la patronal Lares que agrupa a los centros y servicios de atención a los mayores sin ánimo de lucro, vinculados a la Iglesia. Tras este esperado y costoso paso de reagrupar a la mayoría de la residencias pequeñas de Álava en una patronal, las empresas se han comprometido a trasladar su propuesta a la parte sindical el próximo 3 de diciembre y se reunirán el 17 de este mismo mes para iniciar las negociaciones en el seno del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (PRECO).
Los sindicatos reclaman un convenio provincial que equipare sus condiciones de trabajo a las de Bizkaia y Gipuzkoa. Como nos ha explicado la representante sindical de CCOO, Elena Herrán, el profesional sociosanitario de las residencias alavesas trabaja "200 horas más" que en las provincias limítrofes y su salario "no llega a 1.000 euros, un tercio menos" que en los otros dos territorios, además de tener peores condiciones de trabajo en cuanto a vacaciones, bajas laborales y antigüedad, entre otros aspectos. En caso de baja, en Bizkaia y en Gipuzkoa "les corresponde un año al 100%, mientras que en Álava solo 21 días". Herrán expone también un problema bastante común en los tres territorios, ya que "los ratios y cargas de trabajo son muy elevadas" en los centros privados y repercuten negativamente tanto en la salud de los trabajadores como en la atención a los pacientes.
Los sindicatos se han quejado en numerosas ocasiones de la "imposibilidad" que supone "prestar una atención digna y de calidad al usuario" con "los ratios insuficientes" que hay en la actualidad y que, por ejemplo, hacen que una única auxiliar se haga cargo de 20 usuarios en los turnos de noche, entre otras cuestiones. Los trabajadores han censurado que las empresas les hacen firmar obligatoriamente cláusulas de disponibilidad de fin de semana y noche que "les carga aún más de trabajo y no les permite la conciliación familiar", además de tener que realizar tareas para la que no están cualificados. Herrán cuantifica que en Álava "el 70 % de las plazas residenciales son privadas o concertadas" de titularidad pública, pero con gestión privada; y el 30 % restante públicas". Los sindicatos han parado las movilizaciones y huelgas que convocaban cada 15 días ante la posibilidad de diálogo que se abre por primera vez en Álava.
Por su parte, la recién creada primera patronal provincial de centros residenciales de Álava (ACRA) que aglutina a la mayoría de las pequeñas residencias privadas de Álava ya ha expuesto que muchas de las residencias "no podrán asumir altas salariales" y ha pedido la implicación de la Diputación para que prospere la negociación del convenio territorial con los sindicatos. El ente foral alavés ha animado a que avancen las negociaciones, pero deja el asunto "en las conversaciones que mantengan la parte social y empresarial" del sector. Fuentes de la Diputación alavesa ponen en valor el trabajo "pro activo" del departamento de Políticas Sociales que ha mantenido numerosas reuniones en los últimos años para obtener "avances importantes" en la solución del conflicto. Tanto el diputado general de Álava, Ramiro González, como el diputado del área, Emilio Sola, han manifestado en varias ocasiones que la Diputación "no concertará plazas con las residencias que no ofrecen unas condiciones de trabajo dignas".
Actualmente, aunque es un número que flluctua año a año, Álava cuenta con 3.240 plazas residenciales de mayores con unos 2.600 usuarios, ya que en el actual contexto de pandemia se dejan plazas sin cubrir para hacer aislamientos en caso de necesidad, en un total de 88 centros residenciales, 69 residencias y viviendas comunitarias privadas y 19 centros y viviendas comunitarias públicas, sin contabilizar las congregaciones religiosas y es el territorio vasco que tiene el mayor ratio de plazas públicas de Euskadi.
Gipuzkoa: con el conflicto enquistado desde 2017
El conflicto laboral que viven las residencias de Gipuzkoa no ve la luz al final del túnel, ya que llevan en conflicto desde el año 2017 con 254 días de huelga desde entonces. El representante de ELA, Txomin Lasa, asegura que el problema laboral en el sector residencial vasco "subyace de que las diputaciones dan negocio a las empresas privadas para el cuidado de los mayores". Lasa expone la necesidad de renovar el convenio sectorial provincial para luego llevarlo a las empresas y "tenga prevalencia" sobre el convenio estatal o el de cada una de las empresas. ELA reconoce que la situación "está estancadísima" y las relaciones son "frías" con la Diputación" y crítica las "agendas de trabajo brutales" que tienen las trabajadoras y les producen "incidencias muy graves en su salud tanto a nivel físico como mental". "Los ratios son una vergüenza de 13 usuarios por cada trabajador y hacen que los mayores se pasen entre 12 y 14 horas en la cama porque no hay personal para atenderlos", denuncia.
Preguntada por `Crónica Vasca´ al respecto, la Diputación de Gipuzkoa asegura que la negociación laboral "no es de su competencia", ya que "ni firma ni está" en la negociación, aunque sí que hace una petición en favor del diálogo para que las partes "se sienten a hablar y desbloqueen" la situación. La cuestión de los ratios sí que es asunto foral y, en este aspecto, la Diputación desmiente al sindicato ELA al indicar que el ratio es de "0,5 en atención directa", es decir, que "por cada dos plazas, hay una persona trabajadora de atención directa". Va más allá al asegurar que el decreto aprobado este año en Gipuzkoa posibilita un ratio de atención superior al vasco, de 0,4 frente al 0,2 que marca el Ejecutivo autonómico. "Por lo tanto, en Gipuzkoa para 13 personas usuarias hay 5,4 cuidadoras, mientras en Euskadi son 3,8", defiende.
Gipuzkoa cuenta con 5.400 plazas residenciales en 85 residencias , en la que, según la Diputación "el 85 % de las plazas son públicas y concertadas" y el resto corresponde a centros privados.
Jornada de huelga en Bizkaia
También es de conflictividad laboral la situación en Bizkaia donde el sindicato ELA ha convocado una jornada de huelga laboral en las residencias del territorio el próximo 14 de diciembre para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y pedir una ampliación de las plantillas. Después de año y medio y diez reuniones, el sindicato ha denunciado que no se han dado pasos en la negociación del convenio de las residencias de Bizkaia y que las patronales y la diputación de Bizkaia "siguen apostando por mesas de negociación vacías de contenidos". La portavoz de ELA, Nagore Aizarna, ha explicado a `Crónica Vasca´ que exigen mejorar condiciones laborales en cuanto a salario y que "a las trabajadoras se les sustituya desde el primer día y tengan contratos a tiempo completo para acabar con la precariedad que padece el sector con contratos a tiempo parcial o partidos". Asimismo, pide que "se equiparen las condiciones salariales y laborales al Instituto Foral de Acción Social" (IFAS), así como "mejoras en el ámbito de la salud laboral, vigencias y conciliación familiar", entre otras medidas. Las trabajadoras amenazan con más movilizaciones si la patronal no atiende a sus peticiones laborales.
Por su parte, la Diputación de Bizkaia remite el asunto a una negociación "ceñida absolutamente al ámbito estrictamente laboral entre empresa y trabajadores". Bizkaia cuenta con un total de 10.748 plazas residenciales repartidas en 154 residencias del territorio que, según el ente foral, se reparten "al 50% entre el ámbito publico y privado" entre plazas públicas, concertadas, privadas y con prestación vinculada al servicio.
El virus irrumpe de nuevo
Y con estas problemáticas laborales sobre la mesa, el aumento de la transmisión del virus en Euskadi ha hecho que la covid-19 se haya vuelto a colar esta última semana en las residencias vascas con dos fallecidos y 37 nuevos contagiados. Un retroceso en la situación epidemiológica que ha llevado al LABI ha plantear el uso del `pasaporte covid´en las visitas a las residencias. En Bizkaia se ha producido un brote con un fallecido y veinticinco contagiados en una residencia de Ermua, que ha restringido las visitas y mantiene aislados a los positivos; Gipuzkoa ha contabilizado 7 usuarios infectados en 4 residencias pero eleva hasta 25 el número de trabajadores que han dado positivo en 18 centros del territorio, mientras que en Álava ha fallecido otro usuario y se han registrado cinco positivos.
Las diputaciones vascas esperan a la próxima reunión del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) para conocer las nuevas medidas que el Ejecutivo autonómico impondrá en las residencias como la posible implantación del `pasaporte covid´ que, de hacerse se hará "de forma coordinada entre el departamento de Salud del Gobierno Vasco y las tres diputaciones". En este sentido, el diputado general de Álava, Ramiro González, se ha mostrado abiertamente a favor de la implantación del `pasaporte covid´ en las residencias y ha vuelto a abogar por "la vacunación obligatoria para las personas que trabajan al cuidado de los mayores y personas con discapacidad", aunque esta medida no cuenta con cobertura legal. De todas formas, según nos señalan fuentes de la Diputación alavesa a `Crónica Vasca´, "no se piensa volver a la situación de restricciones" vivida en meses pasados y se aboga por "mantener la prevención actual" con vacunación, mascarillas e higiene de manos, permitiendo las salidas terapéuticas y las visitas por parte de familiares y allegados.
Las diputaciones son conscientes de que con el aumento de la infección en Euskadi "va a haber contagios" en las residencias y, por ello, ya han inoculado la tercera dosis de la vacuna a todos sus usuarios y empezarán a vacunar con la tercera porción al personal sanitario. "Se van a dar positivos, pero con la vacuna se reducen tanto los síntomas como la gravedad del mayor contagiado", nos dicen desde Álava.
En Gipuzkoa la transmisión comunitaria es mayor que en el resto de territorios y, por ello, se realizan PCRs complementarias desde hace un par de semanas a todo el personal sanitario, mantiene la unidad de referencia activa en Eibar y desde este pasado miércoles cuentan con otra unidad de 19 plazas en Arrasate para "sacar al positivo de su centro y evitar que se expanda el virus por la residencia".
La Diputación de Bizkaia mantiene también todos los protocolos de control con "equipos de respuesta rápida" y "técnicos especializados que atienden y refuerzan las necesidades urgentes". Bizkaia también rechaza realizar "cerrojazos" en las residencias y secunda la efectividad de la vacunación. "Las residencias son los lugares más controlados de toda la sociedad frente al coronavirus", asegura., aunque consciente del peligro que supone el virus para los mayores dependientes que padecen múltiples patologías.