La aprobación de la nueva Ley de Educación impulsada por la ministra Isabel Celaá y ratificada ayer en el Congreso de los diputados ha encendido el debate político en Euskadi días antes de que el Senado deba ratificar esa nueva ley orgánica. Y es que el apoyo del PNV a una norma que trata de acotar el desarrollo de la enseñanza concertada choca con la realidad del sistema vasco de educación, donde ésta convive al 50% con la escuela pública. Parece incompatible la defensa de este modelo con los principios que contiene la LOMLOE, pero los jeltzales insisten en que su posición no ha variado y que "la apuesta del Gobierno vasco pasa invariablemente por este sistema mixto que es un modelo de éxito y que se basa, precisamente, en la coexistencia de ambas redes". Así lo ha señalado la parlamentaria del PNV, Leixuri Arrizabalaga, en Radio Euskadi que, además, ha explicado las posibilidades que tiene el ejecutivo autonómico para, a través del desarrollo de la ley orgánica en el ámbito de sus competencias, adaptar y suavizar muchos de los puntos que más han escamado.
Y es que para el PNV ésta no es "nuestra ley de Educación, no es nuestro proyecto", pero era el procedimiento a través del cual "podíamos derogar la LOMCE", más conocida como ley Wert. Arrizabalaga ha defendido la necesidad de que los padres puedan escoger y la importancia de mantener un sistema que se complementa y que permite llegar a toda la sociedad vasca. La red concertada se conforma principalmente con los centros educativos agrupados en Kristau Eskola y, por otra parte, en la red de Ikastolas, muchas de ellas impulsadas por personas cercanas al PNV.
Desde el Partido Popular, se ha vuelto a reprochar a los nacionalistas el apoyo "a una ley que cercena la voluntad de las familias y su derecho a elegir, así como el propio sistema vasco de Educación que se consolida sobre un modelo de convivencia que se ha demostrado que funciona", por eso, han vuelto a reclamarle una reconsideración de su voto en el trámite pendiente en el Senado.