El anterior alcalde de Alonsotegi, José Luis Erezuma (PNV), se enfrenta a hasta ocho años de prisión por el caso del cobro por obras públicas falsas en el municipio. Erezuma, primer edil de este municipio vizcaíno entre 2011 y 2015, es uno de los seis procesados, junto a dos arquitectos municipales, el aparejador y dos constructores, que también afrontan esos 8 años de prisión. Esta es la petición más elevada, pedida este mes por la acusación particular, ya que el resto de las partes (la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Alonsotegi) han coincidido en solicitar seis años de prisión para los seis imputados.

A todos ellos se les acusa de actuar “de común acuerdo” para lograr unas subvenciones de la Diputación por valor de 600.000 euros (además de otros 81.000 euros del propio ayuntamiento) y pagar ese dinero posteriormente al arquitecto y aparejador que trabajan para el Consistorio así como a la constructora Laneder. Una operación “sin contenido económico real”, según subrayó el auto judicial del pasado año que les procesó. Los seis procesados están acusados de otros tantos delitos; prevaricación, falsedad en documento por un funcionario, falsedad en documento público, fraude a las administraciones, fraude en subvenciones públicas y malversación.

El caso queda así solo pendiente de la fijación de la vista oral y la posterior celebración del juicio. Después de que la Fiscalía presentase hace ya ahora un año sus peticiones de penas (seis años de prisión, inhabilitación durante 10 años y el pago de los casi 700.000 euros de las subvenciones públicas no usadas), en los últimos meses se han ido sumando el resto de las partes. En septiembre, la Diputación se adhirió al escrito de la Fiscalía y el Ayuntamiento de Alonsotegi presentó el suyo con la misma petición de seis años, inhabilitación de 10 años y el pago de los casi 700.000 euros. La acusación particular, del grupo municipal EH Bildu, en un escrito suscrito el pasado 13 de noviembre, eleva sus peticiones, para cada uno, a ocho años de cárcel, una inhabilitación durante 15 años y una multa de 10.800 euros.

La investigación judicial de este caso se inició en 2018 por el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo para esclarecer un episodio de obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipio de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones y las diligencias han determinado que ese dinero se utilizó para pagar a la constructora Laneder, (en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más de un millón de euros por una obra anteriormente realizada en 2008.

Este abono por obras no ejecutadas fue reconocido, en su declaración ante el juez en noviembre de 2018, por uno de los constructores, Eduardo Ibarra. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró. El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

El exalcalde José Luis Erezuma, en su declaración ante la jueza el 17 de julio del pasado año, admitió que las obras, pese a haber sido pagadas, no se ejecutaron pero que esta operación no supuso perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Alonsotegi.

En la investigación, se le culpa al exalcalde Erezuma de encargar “de forma verbal” las supuestas obras y a los técnicos municipales de presentar informes “con desperfectos inexistentes”.

En Alonsotegi, que en los últimos años ha llegado a ser el municipio vasco de entre 1.000 y 10.000 habitantes con más endeudamiento, los tribunales tienen abiertos otras dos investigaciones diferentes, con las que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres legislaturas que van de 2003 a 2015. El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales. A pesar de que se iniciaron años antes, van más retrasadas en la instrucción judicial.

El primer caso es el de la sociedad municipal urbanística Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora. Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en 2018 con el procesamiento de los dos alcaldes de ese periodo entre 2003 y 2011 (Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban). Se les acusa de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Una auditoría externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico. Una vez que se formulen las peticiones de cárcel, está pendiente la fijación del día del juicio.

El segundo caso se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.