Los líos en Iurreta: el alcalde se “cargó” un mes antes a la secretaria municipal

La denuncia presentada por la hasta hace poco secretaria municipal de Iurreta (Bizkaia) contra el alcalde de esta localidad, Iñaki Totorikaguena (PNV) desvela un sinfín de irregularidades y líos en esta pequeña localidad de poco más de 3.600 habitantes. Entre ellos, que el alcalde comunicó a toda la plantilla, un mes antes de hacerse efectivo el cese, que no se diera trabajo a la secretaria mediante un mensaje electrónico y en día festivo por la noche; la ocultación de los contratos menores que se adjudicaban en el ayuntamiento o situaciones de acoso laboral de la interventora a empleados del ayuntamiento.

El blog albertouriona.es ha tenido acceso a la denuncia completa que, desde el pasado 16 de noviembre, investiga el juzgado de instrucción número 3 de Durango. Aunque la denuncia acusaba al primer edil de cuatro delitos diferentes (prevaricación, coacciones, contra la integridad moral y lesiones), la juez ha abierto una investigación contra el alcalde por acoso laboral.

Pese al procedimiento judicial abierto, la Diputación de Bizkaia (la institución competente en el nombramiento y cese de los secretarios municipales) ha decidido destituir a la hasta ahora titular de Iurreta, un acuerdo tomado el pasado 19 de noviembre que es efectivo desde el día 24. La secretaria municipal cesada está de baja laboral por trastorno ansioso-depresivo.

La secretaria municipal, Irma Domingorena, accedió al puesto en Iurreta el pasado 24 de marzo. Lo hizo en su condición de interina (una figura provisional pero frecuentemente utilizada en los ayuntamientos y que en muchas ocasiones se prolonga casi de manera indefinida en el puesto) tras 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal.

Pero en este poco más de medio año ha detectado un sinfín de irregularidades en la gestión municipal. Cuatro meses después de la llegada a su cargo, relata la denuncia que investiga la jueza, descubre que “no ha suscrito ninguna resolución de adjudicación de contratos menores” (los que se tramitan sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) y que solo son controlados por la interventora, Leire Morejón. Esos contratos no se plasman en decretos “y  no hay dación de cuentas ni en el pleno ni en las comisiones informativas”.

Entre estas adjudicaciones sin control, destaca una directa de un contrato de servicios a la hija del arquitecto municipal a propuesta de él mismo. “Es un contrato de servicios de apenas 3.000 euros y cuando lo detecto ya se ha ejecutado y abonado”, señala la denuncia. Es un contrato “propuesto por el padre, responsable de área y certificada, también por el padre, la buena ejecución del contrato”.

La entonces secretaria municipal señala que entre el propio personal del ayuntamiento “da lugar a habladurías la contratación de un proyecto a la hija del arquitecto municipal”. Señala que el arquitecto municipal “era inicialmente asesor externo del ayuntamiento con despacho externo. No ha pasado ningún tipo de proceso de selección y no acredita ni el perfil I de euskera cuando la plaza tiene asignada el perfil IV preceptivo. Lleva en al Ayuntamiento más de 20 años”.

Una parte importante de la demanda se centra en la actitud de la interventora municipal Leire Morejón, a quien acusa de acoso laboral a los empleados, especialmente a quien ocupó su puesto antes de su llegada. “Alega que llevarse mal con el personal subordinado es inherente al cargo”.

La interventora es acusada de retirar a empleados complementos salariales que debieron ser repuestos, retrasar el día de pago de las nóminas o la inasistencia a reuniones específicas de su labor como las comisiones y plenos de presupuestos. “Esgrime motivos de conciliación familiar a dichos órganos colegiados, aun cuando percibe un complemento específico del 5% por ampliación de jornada”.

Y a ello se unen casos de absentismo laboral. “Esta secretaria ha podido constatar que al menos un tercio de su jornada no se ha presentado a su puesto de trabajo. Ausencia que ha sido justificada personalmente por el alcalde. Este absentismo es público y notorio, conocido por todo el personal municipal y por algunos de los concejales que han tenido enormes dificultades para contactar con ella”

La situación se agrava al final de las vacaciones de verano, cuando la interventora emite un informe de fiscalización negativo a las nóminas del personal. La secretaria municipal, señala la denuncia, entiende que “el retraso en el pago de las nóminas es un acto premeditado y deliberado, para enfrentarse directamente a esta secretaria municipal, aprovechando mi ausencia del Ayuntamiento y continuar con su costumbre de hacer a su antojo.”. Traslada esta opinión al alcalde, con quien mantiene un duro enfrentamiento por WhatsApp. Este episodio sería determinante para el cese de la secretaria.

Y es que una semana después, el 7 de setiembre y en el primer día tras las vacaciones, la secretaria, según refleja la denuncia, es llamada por el alcalde, quien le anuncia “su deseo de cesarme por falta de 'feeling'”. La secretaria consulta entonces con los servicios técnicos de la Diputación vizcaína, quienes le trasladan que ese hecho no es motivo para el cese.

Desde ese día, el alcalde corta la relación con la secretaria, no le responde a sus escritos. Hasta que el 2 de octubre, recibe la comunicación que se inicia un procedimiento para que sea sustituida por el mecanismo de acumulación: otra secretaria municipal del municipio cercano de Amorebieta. Se trata de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011.

Sin embargo, sin concluir el procedimiento, el 12 de octubre (un lunes festivo a las 22.17 horas) el alcalde envía un mensaje por teléfono a la plantilla en la que les conmina a no entregar ninguna documentación a la secretaria municipal sin su permiso. “El alcalde obvia con ese proceder contrario a derecho y a mi persona (ataque frontal y despiadado) que estoy en el ejercicio de mi cargo, que el plazo de audiencia no ha finalizado y que la DFB (Diputación Foral de Bizkaia) debe estudiar las alegaciones y documentos que yo presente antes de tomar ninguna decisión y dictar la correspondiente resolución”.  

De hecho, el cese oficial no se produce hasta más de un mes después, cuando se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia el 24 de noviembre.