El juzgado de Barakaldo que ha sentado por corrupción en el banquillo de los acusados a dos exalcaldes del PNV la localidad vizcaína de Alonsotegi ha fijado las implicaciones en el caso a cuatro personas, en vez de las seis que había hasta ahora. Desde el pasado verano, está confirmado (solo a la espera de la celebración del juicio oral) el procesamiento contra los que fueron primeros ediles entre 2003 y 2011, Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban, ambos del PNV. Se les acusa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal que acabaron dejando, según una auditoría externa, un agujero económico de 15 millones de euros en el Ayuntamiento de Alonsotegi.

Junto a ellos, se iba a juzgar también a tres abogados y el arquitecto asesor, acusados todos ellos de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.

Sin embargo, tras una vista preliminar celebrada el pasado septiembre, el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo, ha eliminado el procesamiento a dos de los tres abogados, tras las peticiones realizadas por la Fiscalía y la acusación particular. El motivo es que no se han podido concretar las imputaciones sobre su participación en los hechos.

Este caso lleva ya seis años y medio de investigación judicial y han pasado otros dos años y medio desde que el juzgado decretar el procesamiento de los acusados. El sumario se refiere a la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora.

“Se desconoce el importe exacto de los gastos en los que la sociedad [Alonsotegi Eraikiz] incurre con motivo de la gestión propia de los asuntos municipales que, a pesar de recogerse en el Capítulo IV del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, no han sido autorizados, dispuestos ni reconocidos tales créditos”, decía textualmente la interventora. Se refería a facturas sin aprobación, contratación de personal sin conocerse el proceso de selección, datos sobre el IVA diferentes al Ayuntamiento de Alonsotegi y la Hacienda de Bizkaia. 

Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en julio de 2018 con el procesamiento de los dos alcaldes de ese periodo entre 2003 y 2011, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban. Una auditoría externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico.

El Tribunal Vasco de Cuentas, que utiliza siempre la mesura en sus informes, fue demoledor en la auditoría que en 2016 realizó sobre la polémica sociedad urbanística. «No ha cumplido la normativa legal que regula su actividad económica-financiera», una frase que casi nunca emplea en sus informes pese a que siempre hay incumplimientos de mayor o menor gravedad de los organismos públicos que fiscaliza. En el informe completo, se censura la deficiente gestión de los dos ex alcaldes, con sobrecostes de obras de hasta el 165%, ventas de terrenos por debajo de la tasación, o abonar dos veces la misma factura a una constructora.

 El PNV se apresuró entonces, a finales de 2014, en denunciar, en el diario Deia, que «aquí no hay ni enriquecimiento, ni financiación ilegal, ni saqueo de las arcas públicas, ni robo, que es lo que abarca la corrupción» y la Diputación de Bizkaia, por boca del ahora diputado general Unai Rementeria, aseguró en las mismas fechas que Martínez de Arenaza, en esas fechas director foral de Turismo «no roba dinero».

El auto de la Audiencia de Bizkaia, dictado el pasado 26 de mayo, acabó con las sucesivas demoras del caso y ya solo queda que cada parte formule los escritos de acusación y se fije la fecha de la vista oral, que será con un jurado. La resolución de la Audiencia reprocha los retrasos, para lo que “ha concurrido eficazmente la masiva utilización de cuantos recursos prevé la ley, y a veces incluso de los que no prevé”.

Las ilegalidades principales detectadas son el cobro de la  sociedad municipal por la venta de terrenos de un importe de 3,9 millones de euros “sin que se conozcan el destino de dichas cantidades de dinero”; la construcción del campo de fútbol municipal con un sobrecoste del “64 % superior al importe adjudicado” y el abono “de 851.146,94 euros, desconociéndose el destino dado al importe recibido”; o que los servicios de arquitectura del Ayuntamiento “vienen siendo prestados sin ningún tipo de contrato”.

Este es el tercer caso relacionado con corrupción que afecta a alcaldes y trabajadores del Ayuntamiento de Alonsotegi por actuaciones entre 2003 y 2015. En el segundo, también está pendiente la fijación del juicio, que se celebrará en los próximos meses, contra un tercer exalcalde de este municipio, José Luis Erezuma, igualmente del PNV y quien ocupó la alcaldía entre 2011 y 2015.

En este caso se le acusa de permitir a una constructora el cobro de obras públicas falsas. En concreto, está procesado junto a otras cinco personas más (dos arquitectos municipales, el aparejador y dos constructores) por actuar “de común acuerdo” para lograr unas subvenciones de la Diputación por valor de 600.000 euros (además de otros 81.000 euros del propio ayuntamiento) y pagar ese dinero posteriormente al arquitecto y aparejador que trabajan para el Consistorio, así como a la constructora Laneder. Una operación “sin contenido económico real”, según subrayó el auto judicial del pasado año que les procesó. Los seis procesados están acusados de otros tantos delitos; prevaricación, falsedad en documento por un funcionario, falsedad en documento público, fraude a las administraciones, fraude en subvenciones públicas y malversación.

Como informó este blog, el exalcalde y los otros cinco procesados afrontan hasta ocho años de cárcel cada uno. Esta es la petición de pena más elevada, pedida el pasado mes por la acusación particular, ya que el resto de las partes (la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Alonsotegi) han coincidido en solicitar seis años de prisión para los seis imputados.

El tercer caso en Alonsotegi se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el exacalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.