El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de San Sebastián contra la sentencia que anuló el procedimiento de regulación de los pisos turísticos de la capital guipuzcoana. Fuentes de la Asociación Anfitriones Basque Country Hosts, que promovió la actuación contra la ordenanza de pisos turísticos, y del Ayuntamiento donostiarra han confirmado que el Tribunal Supremo dictó una providencia el pasado mes de enero en la que decidió rechazar el recurso municipal, según ha recogido la Agencia Efe.



De esta manera, la regulación actual de pisos turísticos de la capital queda suspendida, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló, en enero de 2020, el procedimiento que el Ayuntamiento de San Sebastián había utilizado para aprobarla. En concreto, el TSJPV anuló parte del artículo 8.4 del Plan General de San Sebastián, una disposición que el Ayuntamiento de la ciudad utilizó para regular los pisos turísticos a través de una ordenanza.



El TSJPV no entró en el contendido de la regulación, sino que indicó que el procedimiento utilizado no era válido, lo que implicaba que decayera la propia ordenanza, que ha seguido vigente hasta ahora porque la sentencia no era firme.

El Ayuntamiento decidió el año pasado solventar la cuestión mediante dos vías, la primera de ellas recurrir el fallo en casación al Tribunal Supremo, que ha resultado infructuosa, y la segunda incluir la regulación de las viviendas turísticas en la modificación del plan general, que el Consistorio espera aprobar en marzo.



El grupo municipal de EH Bildu, que ha sido el que ha desvelado la sentencia del Supremo, ha destacado que la ordenanza es ya "nula de pleno derecho", por lo que muchas viviendas turísticas que se amparaban en ella dejan de ser legales. "La situación legal de los centenares de pisos turísticos que no cumplían esa norma de la primera planta y fueron legalizados por la nueva ordenanza del PNV-PSE es ahora extremadamente complicada", ha resaltado este grupo.



La coalición advierte de que "lleva desde el principio avisando de que esto podía pasar, porque una ordenanza no podía entrar a regular usos urbanísticos, porque eso es competencia exclusiva del plan general de ordenación urbana (PGOU)".