La tragedia de Zaldibar refleja la incomodidad del PNV ante la presencia del Ejército en Euskadi

La intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en Euskadi es un tema discordante entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. Las labores que se realizan en el vertedero de Zaldibar para localizar el cuerpo de Joaquín Beltrán, sepultado tras el derrumbe en febrero de 2020 han sido el detonante de la última polémica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado los "prejuicios" de instituciones como el Gobierno vasco contra la UME y ha asegurado que "a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio". La presencia de la UME fue reclamada por la propia familia de Joaquín Beltrán y por partidos como el PP y Ciudadanos. Estas palabras han molestado al Gobierno de Urkullu y al PNV cuyo portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a la ministra que busque otros ejemplos que no sea el del vertedero de Zaldibar para "vender" a las Fuerzas Armadas.

El propio Esteban espera que la próxima semana Robles rectifique en el Congreso sus críticas al Gobierno vasco por no recurrir a la UME para localizar a los trabajadores desaparecidos tras el derrumbre. En febrero de 2020, cuando ocurrieron los hechos, el Ejecutivo de Urkullu rechazó la ayuda de los militares en las labores de rescate porque, afirmaron, "el problema no se soluciona con más efectivos". 

Ahora, las versiones no cuadran. Esteban asegura que mantuvo una conversación con la ministra Robles tras la tragedia en la que le reconoció que no podían hacer más de lo que se estaba haciendo porque no tenían medios que pudieran aplicar en esos momentos. El dirigente jeltzale señala que el rechazo de esa ayuda se produjo porque "al principio, no podía llevar a la gente allí por peligro de nuevos derrumbes, y se tuvo que medir y tantear con helicópteros, avanzando poco a poco".

Desde la Delegación del Gobierno, el delegado en el País Vasco, Denis Itxaso, considera que la intención de la ministra con esas declaraciones era defender a las Fuerzas Armadas. Bajo su punto de vista, hay una "estigmatización del uniformado". "Esto pasa con el Ejército, con las Policías y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en muchas ocasiones hay que estar defendiendo que la vocación, en este caso de la UME, es de servicio público, y que también lo pagan los vascos", comenta Itxaso.

Intervención en Euskadi durante el confinamiento

En marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus se extendía por el país y estaba en vigor el confinamiento domiciliario, el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó a la UME en diferentes lugares de Euskadi. Entonces. el lehendakari Urkullu se mostró en desacuerdo y aseguró que él no había solicitado su presencia. Aún así, más de un millar de militares se desplazaron para realizar labores de desinfección en el aeropuerto de Loiu y las estaciones de tren de Bilbao y Vitoria.

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, aprovechó para asegurar que "sería extraordinario que el ejército español ocupara actividades que las instituciones vascas podemos hacer por nuestros propios medios". Este tema evidenció las diferencias que la presencia del Ejército genera con sus socios en el Gobierno vasco. La secretaria general del PSE, y ahora vicelehendakari, Idoia Mendia, alegó que "no podemos descartar ningún escenario y tampoco ningún recurso que pueda ser útil para salvar vidas en Euskadi”.

EH Bildu también mostró su rechazo. El lider del partido Arnaldo Otegi dijo que "era evidente que se había aplicado un 155 en Euskadi" y que se había intervenido en la autonomía del País Vasco. "Los vascos ni somos menores de edad ni necesitamos tutelas. Tenemos recursos suficientes para salir de esta”, aseguró.