Un perito declara al juez que Mungia incumple su propia ley con el cobro del plan Larrabizker

Un perito ha declarado al juez que el Ayuntamiento de Mungia ha incumplido su propia legislación en el polémico plan de Larrabizker, con el que pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas. El perito Óscar Gómez, quien prestó declaración el pasado 17 de febrero ante el juzgado que investiga el caso, afirmó que el Consistorio ha exigido 600.000 euros más de lo que dicta el planeamiento urbanístico de Mungia, según el informe pericial que ha elaborado.

Como ha informado este blog, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero del pasado año y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao inició una investigación el 3 de febrero de 2020, en la que, además del sobreprecio de las cargas urbanísticas, se indaga sobre la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

El perito Óscar Gómez, en su declaración judicial del pasado 17 de febrero, aseveró que en las obras de urbanización se desglosaron dos presupuestos, uno para la zona urbanizable y otro para la urbana. “Se marca [el pago por parte de los vecinos denunciantes, los de la zona urbana] de un 19,14% pero las normas subsidiarias fijan un 11,5%.  Hay un desfase de ocho puntos que suponen más de 600.000 euros”, dijo el perito ante el juez.

“Supone un extra de 12.000 euros a cada propietario. Y sobre todo que no se adecúa a la normativa. Esos porcentajes no aparecen en el documento. Los he sacado yo. No hay claridad”, agregó.

En la misma sesión declaró el arquitecto municipal que tramitó el expediente, Juan Marco Lozano (quien dejó este puesto en octubre pasado para incorporarse como arquitecto del Ayuntamiento de Leioa), quien admitió que la polémica urbanización tiene áreas inundables, pero se ha tramitado sin el informe de impacto ambiental. “No me consta que el proyecto de urbanización se haya sometido a procedimiento de evaluación ambiental”, dijo al juez. La ley establece que, ante cualquier afección ambiental, es necesario un estudio específico de impacto.

Además de en este juzgado, el tema ha llegado a varios tribunales por la petición de los vecinos de que se bloquee el pago de las cargas urbanísticas que inició el Ayuntamiento a finales del pasado año. Cuatro juzgados de Bilbao ya han ordenado la suspensión del cobro millonario. Una docena de vecinos habían presentado pleitos en los tribunales y cuatro de los cinco juzgados que lo han analizado han dado la razón a los resientes con los mismos argumentos: que los cobros pueden “afectar de manera clara al patrimonio” del afectado y porque el caso ya es investigado judicialmente en otros juzgados de Bilbao.