El viernes de esta semana se reunirán el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. Se trata de un encuentro que ha anunciado el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, y que se encuadra en una reunión protocolaria, la primera del ministro con Erkoreka como consejero de Seguridad. Según han confirmado portavoces de la delegación de Gobierno, la reunión repasará varios temas entre los que está la transferencia de prisiones, agendada para el mes de marzo.
No obstante, advierten, la transferencia de prisiones no será el centro de la conversación porque se trata de una cuestión que está tratando el Ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, con la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha insistido en que hay "una voluntad total" para culminar la transferencia de la gestión de las cárceles, aunque ha reconocido que, "a veces, la voluntad no suele ser suficiente". Y es que el coste de la nueva prisión de San Sebastián, que asciende a 40 millones de euros, es uno de los problemas que, junto a la transferencia de los 600 funcionarios, deben resolverse en las mesas técnicas organizadas entre ambas administraciones. En este sentido, Itxaso, ha recordado que "cuando te sientas y empiezas a analizar cuestiones jurídicas, técnicas, legales, financieras y de personal, aparece la letra pequeña. Poco a poco debemos ir aclarando las cuestiones". Una de las claves es la de fijar el coste de la competencia, en la que actualmente la Administración General del Estado invierte unos 35 millones de euros.
Las cárceles vascas albergan 1.300 reclusos
Los centros penitenciarios de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia, y Martutene en Gipuzkoa, albergan actualmente a algo más de 1.300 presos, según fuentes de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Unos centros de reclusión que, además, cuentan con una plantilla de cerca de 600 funcionarios que cobran una retribución mensual media de entre 1.400 y 2.000 euros. Es el gasto más importante de los 35 millones de euros que anualmente se gasta el Estado en las prisiones vascas y que suponen la cifra sobre la que debe girar el acuerdo de traspaso, dado que ésta se descontará del Cupo.
Dentro de este gasto, destacan también 1,7 millones para el abastecimiento de agua, luz, gas y otros combustibles, algo más de un millón de euros para reparaciones y mantenimiento y casi dos millones en gasto sanitario. Pero uno de los gastos más importantes y que no aparece en estas cantidades es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las tareas de seguridad de las instalaciones y de traslado de los reclusos son partidas que actualmente el Gobierno de España no incluye en Instituciones Penitenciarias y que habría que calcular para el traspaso de la competencia.