Las claves de la transferencia de prisiones, 75 millones y 600 funcionarios

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha reconocido que la transferencia de prisiones "es una negociación de largo recorrido" y que tiene "muchos aspectos para tratar". Aún así ha aclarado que no hay "escollos", pero que se deben tratar numerosas cuestiones técnicas. Entre ellas está el traspaso de unos 600 funcionarios de prisiones, la concreción del valor de la competencia a la que actualmente el Estado dedica unos 35 millones de euros y cómo se asumirá el coste de la nueva cárcel de San Sebastián, con una inversión valorada en 40 millones de euros. Son los detalles que se deben resolver en la mesa técnica. 

Mientras tanto, el Gobierno vasco ha pisado el acelerador para conseguir dar cumplimiento al calendario de competencias pactado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico. Ayer se reunía para este cometido el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, con la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Un encuentro del que la portavoz del Gobierno del Estado, María Jesús Montero, ha referido que "tienen la intención de cumplir todos los compromisos adquiridos" con el PNV, partido del que ha afirmado es una "escuela de parlamentarismo y diálogo".

Al encuentro, sigue hoy la reunión entre Garamendi y el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta. Una cita a la que la consejera de Gobierno vasco acude con la "intención de tratar el máximo" número de transferencias, tanto las previstas para marzo, como las del resto del calendario de traspasos. Garamendi se ha mostrado "optimista" de cara a la cita, pero ha considerado "atrevido" afirmar que esta servirá para cerrar el acuerdo sobre la transferencia de las cárceles vascas. Es una competencia que abarca muchas cuestiones como equipamientos, servicios y personas, y el traspaso "debe se debe hacer como se tiene que hacer".

A los 35 millones en que el Presupuesto General del Estado valora el gasto de prisiones en Euskadi, se ha de añadir el nuevo centro penitenciario de Zubieta que contempla la edificación de 36.000 metros cuadrados en un terreno de 28 hectáreas. Solo el proyecto de ejecución está valorado en 41 millones para unas obras que está previsto comenzar en el mes de abril y que se desarrollen durante dos años, hasta 2023, cuando se prevé abrir el centro con 234 celdas para alojar a 500 personas. Cómo se hará el ajuste de este activo y de su inversión es una de las cuestiones que se está planteando más complicada. El portavoz del Ejecutivo vasco, Bigen Zupiria, ha señalado que este encuentro es fruto de la última reunión del Presidente Sánchez con el lehendakari Urkullu, donde pactaron que se mantuviera un contacto frecuente entre la vicepresidenta Calvo y Josu Erkoreka para ir haciendo avanzar las cuestiones pendientes. 

Las cárceles vascas albergan a 1.300 reclusos

Los centros penitenciarios de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia, y Martutene en Gipuzkoa, albergan actualmente a algo más de 1.300 presos, según fuentes de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Unos centros de reclusión que, además, cuentan con una plantilla de cerca de 600 funcionarios que cobran una retribución mensual  media de entre 1.400 y 2.000 euros. Es el gasto más importante de los 35 millones de euros que anualmente se gasta el Estado en las prisiones vascas y que suponen la cifra sobre la que debe girar el acuerdo de traspaso, dado que ésta se descontará del Cupo.

Para este mes de marzo, tal y como trataron el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Urkullu en su reciente reunión de hace unas semanas, se mantiene el objetivo de transferir las competencias de Prisiones, el Ingreso Mínimo Vital, el transporte por carretera, la gestión del ISBN. Sin duda, la de prisiones es la más importante, por su calado político, pero también por su elevado coste.