El Tribunal Superior vasco investiga a la Diputación de Bizkaia por rescindir de forma unilateral las ayudas para mejorar la red del agua en el municipio de Karrantza por cerca de 30 millones de euros. Se trata de convenios suscritos hace 10 años para garantizar el agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. La denuncia, presentada por el Ayuntamiento de Karrantza, señala que la razón última es la reticencia de este Consistorio en integrarse en el Consorcio de Aguas provincial. Pero la Diputación si ha concedido las ayudas para las mismas obras en otros dos municipios de esta comarca, que tampoco están integrados en el Consorcio.

La ley obliga a las diputaciones, como entidad supramunicipal, a prestar asistencia a los ayuntamientos que, con su propio músculo financiero, no pueden ejecutar infraestructuras de alto coste como las estaciones depuradoras o de abastecimiento de agua.

En las últimas décadas, la Diputación vizcaína ha firmado diferentes convenios para financiar este tipo de obras. La denuncia, presentada por el Ayuntamiento de Karrantza y admitida a trámite el pasado 3 de marzo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, incide en que ni los convenios suscritos ni la ley para prestar estas ayudas obligan a los ayuntamientos a integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para beneficiarse de ellas.

La demanda se refiere los intentos del Ayuntamiento de Karrantza de integrarse en el Consorcio pero un informe de la auditoría Deloitte, elaborado en mayo de 2018, concluye que, con la integración, las nuevas tarifas de agua supondrían el cierre del 70% de las explotaciones ganaderas del municipio al ser “incapaces de remunerar su mano de obra propia”.

Además, incide en que se exige el Ayuntamiento que, antes de integrarse en el Consorcio, debe reparar toda la red secundaria de abastecimiento (más de 9 millones de euros) y ejecutar la planta de tratamiento (más de 20 millones).

Un informe del interventor municipal de Karrantza, elaborado el pasado 5 de agosto, señala que la inversión de más de 9 millones para la red de abastecimiento es inviable. “Las condiciones de entrada al CABB (Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia) no son viables para la estabilidad presupuestaria”, concluye, por lo que “informa desfavorablemente a la entrada en el CABB bajo el condicionado requerido”.

El convenio de ayudas de la estación depuradora se suscribió en 2011 pero, tras diversos trámites y elaboración de proyectos, las gestiones están paradas desde 2013, justo cuando el Ayuntamiento acordó no integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Pese a ello, la Diputación suscribió con el Consistorio en 2014 el convenio del abastecimiento de agua que se paralizó en 2016. La depuradora que se construyó (y que debía conectarse a otras tres que operan actualmente en Karrantza) está sin utilizar tras una inversión de 7 millones de euros.

En agosto pasado, el Consejo de Gobierno de la Diputación acordó rescindir los dos convenios de forma unilateral con el argumento de que Karrantza no estaba en el Consorcio.

En la denuncia aparece también un dictamen, de noviembre pasado, del catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, quien concluye que esta rescisión de las ayudas es “ilegal tanto más cuando se utiliza como mecanismo disuasorio” la entrada en el Consorcio de Aguas, lo que supone “forzar la voluntad municipal”.

La demanda resalta que los Ayuntamientos de Artzentales y Lanestosa, que tampoco están integrados en el Consorcio Bilbao Bizkaia, “han recibido la oportuna asistencia del ente foral que ha propiciado la ejecución, en sus respectivos municipios, de sendas estaciones depuradoras de aguas residuales”.