Euskadi logra que el Estado pague la nueva cárcel de San Sebastián antes del traspaso

El Gobierno vasco, con los 70 millones en que se ha valorado la competencia de centros penitenciarios, se ha hecho con casi el doble de dinero del que disponía la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la gestión de las cárceles vascas. El Gobierno de España venía destinando unos 35 millones de euros para las tres prisiones de Euskadi, unos gastos a los que hay que añadir los costes de seguridad y de traslado de los presos que correspondían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). Una vez aclarado que la nueva carcel de San Sebastián será sufragada por el Ministerio del Interior, el Gobierno vasco gozará de los 70 millones de euros para la gestión de las instalaciones en que trabajan 600 funcionarios y que acogen a 1.300 reclusos. Así que se podría decir que el Ejecutivo de Urkullu y el PNV han cerrado más que una beneficiosa negociación en la que además de los 70 millones con los que aumentará su Presupuesto inscribirá a su nombre los terrenos de las tres prisiones y, además, la antigua de Nanclares (Álava).

El próximo 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias se firmará el acuerdo que fecha el 1 de octubre el día a partir del cual el Gobierno vasco comenzará la gestión de una competencia de un extraordinario valor político y que se había convertido en una reclamación histórica. La competencia se ha valorado en 70 millones de euros que se descontarán anualmente del pago que el Gobierno vasco hace al Estado vía Cupo, con lo que el presupuesto de la Administración vasca crecerá en esos 70 millones que podrá reordenar como estime oportuno.

El Estado destinaba unos 35 millones de euros a la gestión de prisiones

Actualmente, los centros penitenciarios de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia, y Martutene en Gipuzkoa, albergan a algo más de 1.300 presos, según fuentes de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Unos centros de reclusión que, además, cuentan con una plantilla de cerca de 600 funcionarios que cobran una retribución mensual  media de entre 1.400 y 2.000 euros. Es el gasto más importante de los 35 millones de euros que anualmente se gasta el Estado en las prisiones vascas.

Dentro de este gasto, destacan también 1,7 millones para el abastecimiento de agua, luz, gas y otros combustibles, algo más de un millón de euros para reparaciones y mantenimiento y casi dos millones en gasto sanitario. Otro de los gastos importantes y que no aparece en estas cantidades es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las tareas de seguridad de las instalaciones y de traslado de los reclusos son partidas que actualmente el Gobierno de España no incluye en Instituciones Penitenciarias y que habría que calcular para el traspaso de la competencia. Aún así, esa suma no acerca los 35 millones de euros de gasto a los 70 millones que añadirá a sus recursos el Gobierno vasco.

La obras de la prisión de Donostia no se restarán del importe de la transferencia

El nuevo centro penitenciario de Zubieta, en San Sebastián, contempla la edificación de 36.000 metros cuadrados en un terreno de 28 hectáreas. Solo el proyecto de ejecución está presupuestado en 39 millones de euros. Se trata de un cantidad que finalmente pagará el Estado de modo íntegro para una obras que han adjudicado, aunque el Ejecutivo vasco también aspiró a gestionar su construcción. En todo caso el coste de las obras no se imputará a los 70 millones en que se ha valorado la transferencia, así que el Estado pagará y, terminada la nueva cárcel, se la entregará al Gobierno vasco. El Ejecutivo de Urkullu, además de descontar los 70 millones del cupo se quedará en patrimonio con las instalaciones de Zaballa, Basauri, Zubieta y la antigua cárcel de Nanclares. Un saldo más que sustancioso.