El consejero de Transportes, Iñaki Arriola, baraja la llegada de la alta velocidad vasca entre finales de 2026 y principios de 2027. Asume las demoras que arrastra el proyecto pero asegura que se trata de una cuestión compleja que se ha visto agravada por muchos factores entre los que se encuentran las previsiones iniciales que fueron "erroneas". "El tiempo ha demostrado que los tiempos no estaban bien calculados, estaban hechos más con el corazón que con las posibilidades reales", ha asegurado el consejero durante la intervención en el Nuevo Economía Forum. El coste inicial que se calculó para este proyecto rondaba los 600 millones de euros.
Arriola insiste en que la Y vasca ha pasado por fases "muy difíciles" como, por ejemplo, las amenazas de ETA durante los primeros años de ejecución y que terminaron con el asesinato de Inaxio Uria en 2008. Ese mismo año, la crisis económica también fue un punto en contra que mermo "la capacidad inversora de las administraciones públicas y afectó a las capacidades de ritmo de ejecución de proyecto". Es por ello, que fecha su llegada a Euskadi a finales de 2026 o principios de 2027.
El consejero explica que el estudio informático aún no está acabado y los informes medioambientales son "fundamentales". Achaca a estas cuestiones el hecho de que los plazos aún no estén bien definidos, sobre todo en el tramo de Vitoria. "Hay que tener en cuenta que cuando se ponen en información pública puede haber miles de alegaciones que hay que analizar y contestar, y eso lleva una tramitación larguísima", ha insistido.
Lo mismo ocurre con la falta de definición en torno al coste definitivo. Explica que aún hay margen de estimaciones y que "no saben cuánto va a costar, aunque se habla de unos 600 millones". Esta cifra, que fue la estimada inicialmente, podría verse afectada por la necesidad de adoptar medidas derivadas de los informes ambientales.
Para clarificar todas estas cuestiones, el consejero ha adelantado que el 10 de mayo se celebrará en Madrid una reunión entre las administraciones implicadas (Gobierno central y vasco, diputación de Gipuzkoa y ayuntamientos de Bilbao y Vitoria) para "intentar definir esas cuestiones pendientes que nos puedan permitir orientar tanto el trabajo como los compromisos y tratar de acercar plazo". Durante este encuentro podría tratarse también la posibilidad de adoptarse "soluciones provisionales que permitieran poner en marcha el servicio cuando las condiciones de los trabajos lo permitan". .