La integración social es motivo de atención prioritaria en el contexto social actual, en plena transformación y adaptación a las nuevas demandas y necesidades. En este sentido, las estrategias para la inserción sociolaboral de los jóvenes en riesgo de exclusión se tornan fundamentales, partiendo de sus motivaciones, habilidades y contexto personal. Y es que en la minoría de edad, las leyes de protección a la infancia y la adolescencia rigen el principio de interés superior del menor, independientemente de su procedencia o condición. En Euskadi, les corresponde a las Diputaciones Forales la asunción de la tutela de estos menores, si bien una vez alcanzan los 18 años dejan de estar bajo el paraguas institucional y afrontan una situación legal y administrativa que complica su integración.
La falta de autonomía vital, de medios de subsistencia, figuras de referencia, incluso situaciones de violencia machista, conducen a miles de jóvenes a una espiral de dificultades para labrar una vida adulta autónoma, y en vista de sus circunstancias, Bizkaia se compromete a "no soltarles la mano", para lo que destina 6,9 millones de euros al año. En el marco de la Estrategia Joven, la Diputación foral de Bizkaia abre una vía de protección para jóvenes que han estado tutelados en el Servicio de Infancia -prioritarios para el organismo por su "obligación moral" con los menores que han estado bajo su responsabilidad- pero también para aquellos que han estado fuera de la red.
Jóvenes extranjeros o autóctonos que, en en cualquier caso, precisan de apoyos para el tránsito hacia una vida autónoma ante lo que aborda dos escenarios: la inserción social y el empleo. "Evidentemente estos chicos y chicas necesitan incorporarse al mundo laboral mucho más rápido que sus compañeros coetáneos que tienen el apoyo de la familia y cuentan con más tiempo para hacer una preparación", afirma Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad al frente de la iniciativa. En este sentido, una de las fuertes apuestas por facilitar su acceso a un mercado cambiante y cada vez más exigente se centra en la iniciativa 'Gazte On' donde participan actualmente 122 jóvenes de entre 18 y 23 años, inmersos en procesos formativos orientados a la adquisición de aptitudes y competencias técnicas vinculadas a las empleabilidad para más tarde hacer prácticas en empresas que les doten de experiencia profesional.
El panorama que transmite la Diputación es la de un grueso empresarial en búsqueda de personas con formación que prioriza la capacidad de adaptación al mundo laboral y no su origen o condición. Un punto imprescindible para la puesta en marcha de líneas estratégicas de impulso hacia la emancipación como 'Gandarias Etxea' con la incorporación de un 'Acelerador de empleo' que, en vías de formación, proporciona vínculos de empleo a los participantes. Un proyecto al que se suma a la iniciativa fruto del decreto por el que el Consejo de Ministros autorizaba el permiso de residencia y trabajo para los jóvenes que se incorporaran de manera extraordinaria a labores agrícolas, al que, en este caso, se sumaron 75 jóvenes que en su mayoría siguen vinculados al entorno y trabajando como temporeros en la comunidad.
Dificultades económicas y mayor cualificación
En un contexto de dificultad para acceder a un empleo y de precariedad laboral, la diputada recuerda que en 20 años, "hemos tenido una pérdida poblacional importante". "En el año 2001 los jóvenes entre 15 y 29 años conformaban el 21,6% de la población vasca y en 2020 se ha reducido a un 13%, hemos perdido más de 160.000 personas jóvenes que no van a compensar lo más vulnerables. El dato racional es el que nos tiene que obligar a pensar que los jóvenes extranjeros y en riesgo de exclusión son muy pocos en comparación con las pérdidas de los últimos años", añade.
Por otro lado, la crisis sanitaria ha lastrado las oportunidades de muchos de ellos de incorporarse a empresas que se enfrentan actualmente a dificultades económicas y de incertidumbre. "En Euskadi las competencias que se solicitan son además cada vez más elevadas, sin tanto margen para personas con poca cualificación", añade Laespada, "estas personas necesitan un perfil de competencias del que carecen y es un vacío que intentamos llenar", apunta. "En el caso de jóvenes migrantes, la dificultad puede ser idiomática o de formación pero hay personas que estando aquí tiene graves daños emocionales al provenir de un entorno familiar desestructurado o de maltrato", explica, "intentamos igualar las oportunidades aunque tienen la libertad de no adherirse a los programas, hay un gran porcentaje que siendo mayores de edad prefieren buscarse la vida por ellos mismos".