El lehendakari Iñigo Urkullu acata, como ya había avisado en días anteriores, el dictamen del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No recurrirá al Tribunal Supremo el varapalo a su idea inicial de decreto para combatir la pandemia después de la caída del estado de alarma y hasta que esté lista la ley anti pandemia vasca que el Gobierno vasco tiene intención de aprobar en cuatro o seis semanas. Urkullu asume que no podrá imponer el toque de queda ni los cierres perimetrales, tal y como le prohíbe el TSJPV. Eso si, el lehendakari acepta la situación aunque no la comparte en absoluto. Sus críticas a la postura del Gobierno de España por dejarle al albur de los jueces no se han hecho esperar.
"Resulta difícil de entender que el criterio judicial sea distinto en según qué Comunidades", comentó el lehendakari. La consecuencia de su continuada, y finalmemente desechada, petición a Pedro Sánchez de la ampliación del estado de alarma al menos un mes más. "Sigo defendiendo que lo mejor sería prolongar el estado de alarma y también me habría gustado que hubiera habido comunicación con el Gobierno de España. Pero como no ha sido así tenemos que adecuar nuestras medidas a lo que diga el TSJPV", lamentó.
Más allá de recomendaciones y apelaciones a la solidaridad entre los ciudadanos para evitar la proliferación de contagios, Urkullu define de "desconcierto" la situación que se está viviendo a raíz del decaimiento del estado de alarma. "No hay más que ver los criterios absolutamente dispares que han tomado los distintos Tribunales de Justicia", insistió.
Urkullu asegura sentirse "orgulloso" de haber solicitado el estado de alarma por escrito al presidente del Gobierno español "y también es lo que en realidad querían bastantes Comunidades Autónomas. Pero si algún Tribunal de Justicia está autorizando los toques de queda sin estar en vigor el estado de alarma que me lo expliquen", espetó el lehendakari.
Urkullu no aclaró si endurecerá el decreto en caso de que el Tribunal Supremo admita algún recurso de otra Comunidad Autónoma y sienta jurisprudencia aunque "no quiero judicializar este proceso", concluyó.