El acercamiento de presos de ETA 'enreda' la transferencia de prisiones

Euskadi asumirá el próximo 1 de octubre la transferencia de la gestión de las prisiones. Todo un hito después de años de reclamaciones al Gobierno central para la culminación de esta competencia dentro del cumplimiento del Estatuto -que se aprobó hace 42 años- y que llega ahora 'enredada' en el tramo final de la política de dispersión y el consecuente acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas o cada vez más próximas a Euskadi.

La transferencia que se firmó el pasado 10 de mayo por el ministro Miquel Iceta y el vicelehendakari Josu Erkoreka supone sólo la gestión de las prisiones y de sus funcionarios. En ningún caso implica ninguna capacidad del Gobierno vasco sobre la política penitenciaria y la decisión del acercamiento de presos, que sigue en manos del Ministerio del Interior, como se insiste tanto desde el Ejecutivo autónomo como desde el central. Son dos cuestiones que discurren paralelas, y  que, como esas líneas, no deben juntarse jamás, salvo forzadas por intereses partidistas empeñados en utilizar el fin de la política de dispersión como ariete de la lucha política, en este caso del PP contra el Gobierno de Pedro Sáchez.

El líder de los populares, Pablo Casado ha calificado en varias ocasiones  de "terrible" que Euskadi tenga la trasferencia de prisiones, y esta cuestión fue uno de los mensajes utilizados profusamente por los populares durante de la campaña de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, anticipando "recompensas a los etarras" en las cárceles vascas y hasta un "indulto generalizado" para estos presos en cuanto se culmine la transferencia. En la misma línea, el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, llegó a afirmar que “van a convertir las prisiones vascas en resorts de lujo para los etarras”, asumiendo la línea marcada por el líder nacional de un partido que ha decidido no recordar que también acercó presos de ETA a Euskadi durante los años de Gobierno de Aznar y cuando ETA estaba activa, mataba y secuestraba. 

Desde la llegada al  Gobierno de Sánchez en 2018 se han acercado un total de 182 presos de ETA, unos acercamientos impulsados por la consolidación del fin de ETA -que anunció el cese definitivo de la violencia en 2011-  y la apertura del colectivo mayoritario de presos de ETA, EPPK, a acogerse a beneficios penitenciarios que les permite la ley. En los últimos meses también ha ayudado al impulso de los acercamientos de presos el nuevo papel político de EH Bildu en el juego de mayorías en el Congreso de los Diputados y el hecho de que la coalición abertzale haya colocado la normalización de la política penitenciaria siempre como una de sus prioridades en todas las mesas de negociación.

Pero el acercamiento de presos de ETA a Euskadi no arrancó con los Gobiernos socialistas. Durante el Gobierno del PP de José María Aznar  con ETA aún matando, el entonces presidente intentó negociar una tregua con la banda terrorista y acercó a unos 190 presos entre 1996 y 1998. Este último año tiene el récord de acercamientos con 105 presos. Entonces ETA mataba y secuestraba. Son los años, por ejemplo del secuestro de José Antonio Ortega Lara, o del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Francisco Tomás y Valiente o Fernando Múgica, entre otros. 

Lo cierto es que, al margen de que el Estatuto de Autonomía de 1979 deja bien claro que el Gobierno vasco sólo tiene la "gestión de las cárceles" en base a una política penitenciaria que marca el Gobierno central, auque el Ejecutivo vasco pudiera beneficiar de alguna forma a los presos de ETA que estén en una de las tres prisiones vascas, hoy por hoy son una minoría. Unos 46 presos de ETA de alrededor de 1.300 reclusos. 

De hecho, la mayoría de los últimos acercamientos de presos se han realizado a poblaciones cercanas como Zaragoza, o limítrofes con Euskadi, como Navarra, Logroño, Cantabria o Asturias, más que a las cárceles vascas.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva años dando carpetazo poco a poco a la política de dispersión que se puso en marcha en 1989. En este momento apenas quedan una decena de presos de ETA  sin trasladarse a cárceles próximas a Euskadi. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende que los acercamientos se hacen cumpliendo estricamente la legalidad de la legislación penitenciaria. Así lo creen también desde algunas asociaciones de víctimas como Covite, cuya presidenta, Consuelo Ordóñez, nunca ha cuestionado los acercamientos y mantiene que  en esta cuestión se está actuando con transparencia hacia las víctimas.

Otras asociaciones como la AVT, por contra son muy duros con los acercamientos. "Será legal, pero no es moral", dicen.