La sentencia sobre la norma que regula la prestación de servicio de compañías como Uber o Cabify en Euskadi saldrá a la luz en unas tres semanas. Hace casi año y medio que el Gobierno vasco daba luz verde al decreto que regula las condiciones de servicios VTC y hace más de un año que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco paralizaba a la normativa justo antes de su entrada en vigor el 21 de diciembre de 2019, impugnada por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC). Poco después, el Ejecutivo interponía un recurso para seguir adelante con la regulación cuya resolución determinará las condiciones de prestación de servicio de arrendamiento de vehículo con conductor en la Comunidad Autónoma Vasca.
Tras la demanda de Uber a la Administración General del País Vasco, el TSJPV ha mantenido en suspensión de forma cautelar la obligación de contratar los servicios de vehículos con conductor con una antelación mínima de 30 minutos, tal y como recogía el decreto, así como la prohibición de geolocalizar los vehículos autorizados por los interesados.
Según ha podido saber este diario, la sentencia emitida por la Sala de lo contencioso se dará a conocer el próximo mes de junio tras la votación y el fallo del recurso señalado el pasado 4 de mayo. Después de un año en la sombra, la sala ha nombrado un nuevo magistrado al frente a fin de mantener la distribución de las ponencias que deja la presidencia en manos del juez Luis Angel Garrido, responsable del auto que exculpaba a los hosteleros vascos de la propagación del virus y reabría los bares en Euskadi el pasado febrero.
Criterios determinantes
En concreto, la compañía VTC apeló varios apartados del decreto al considerarlo "discriminatorio y contrario a la libertad de empresa". Puntos también cuestionados por Competencia referidos al contrato de arrendamiento con, al menos, media hora de antelación que deberá reflejarse en un registro de comunicaciones. Además, los vehículos adscritos no podrían circular por las vías públicas en busca de clientes que no han contratado previamente el servicio, ni permanecer estacionados de manera que visibilicen su disponibilidad.
Fue, de hecho, la llegada de Uber a Bilbao lo que aceleró los trámites para contar con un nuevo reglamento que evitara "la usurpación de un servicio público que está bajo el paraguas del Ayuntamiento de Bilbao como es el servicio del taxi, según declaraba el concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil. Una norma que, según la empresa decana del sector en Bilbao Radio Taxi Bilbao, no afectaría a los VTC tradicionales que gestionan trayectos desde un lugar físico generalmente "con varios días de antelación". A día de hoy, la aplicación que opera Uber mantiene su presencia en el País Vasco, todavía bajo la normativa que rige en el resto de España, si bien el futuro de la compañía en el territorio está sujeto a lo que dicte el Tribunal Contencioso-Administrativo en los próximos días, como ya se ha hecho en otras comunidades.
Otras formas de servicio
En esta línea, la propuesta del Gobierno vasco, consensuada con la Federación Vasca del Taxi, otro de los demandados, es similar a la que llevaron a cabo en ciudades como Barcelona o Valencia, renunciando a su actividad en esta última por la obligatoriedad de contratar el servicio con 15 minutos de antelación.
Unauto VTC, la asociación que representa a la mayoría del sector recordó en su momento la jurisprudencia existente en el caso del Tribunal de Justicia de Cataluña, que suspendió cautelarmente la ampliación a 60 minutos del tiempo mínimo de espera. En marzo, la plataforma Uber volvía a operar en las calles de Barcelona, esta vez como intermediario entre los clientes y los taxistas con opción de reservar el servicio en la app cuyo plan de inversión incluye además distintos tipos de descuentos e incluso el servicio 'Car sharing'.