Los parlamentarios de PNV Aitor Aldasoro, EH Bildu Rebeka Ubera y Podemos Miren Gorrotxategi han leído una declaración conjunta en la que han rechazado la sentencia del TSJPV sobre el euskera en Irun que consideran "puede poner en duda el marco jurídico para avanzar en la normalización" de esta lengua en el sector público.

El pasado mes de mayo, el alto tribunal vasco declaraba nula una resolución de ese consistorio guipuzcoano que en 2017 dio luz verde a la convocatoria de doce plazas de agentes de la Policía Local, pues considera que el requisito de saber euskera fue "discriminatorio" para quienes no hablaban esta lengua.

Las bases de esta convocatoria para Irun exigían perfil lingüistico en euskera como condición para esas plazas. El argumento que defiende el TSJPV se basa en que para garantizar el derecho de la ciudadanía, la "obligación de conocer la lengua no afecta a todos los empleados de la administración, sino a la misma en su conjunto". Es por ello que defiende que es suficiente con que uno de los integrantes de cada pareja de Policía Local sepa euskera para atender al público. Ha concluído por tanto, que la exigencia de euskera en esta OPE de Irun se ha convertido en un elemento de "discriminación" hacia una parte importante de la población.

Los representantes de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, han leído un manifiesto en una comparecencia conjunta en el Parlamento vasco, en el que han mostrado su "profunda preocupación e inquietud" por lo que consideran un "retroceso" en el camino hacia la "normalización" del euskera. "Nos preocupa la sentencia porque puede poner en duda el marco jurídico vigente desde hace décadas en la administración vasca para avanzar hacia la normalización del euskera. Un marco ejemplar que la sociedad vasca avala", señala el texto.

Estos grupos ofrecen al Ayuntamiento de Irun la ayuda que necesite para "defender la autonomía municipal" y reconocen la "legitimidad y la competencia de toda administración pública para establecer los perfiles lingüísticos y las preceptividades de los puestos de trabajo, poniendo en el centro los derechos lingüísticos de la ciudadanía". Han recordado que el Decreto 86/1997 que regula el proceso de normalización del uso del euskera en el sector público, ha sido "clave para avanzar en la capacitación lingüística de los trabajadores públicos y garantizar los derechos lingüísticos de toda la sociedad", han concluido.

A mediados de mayo, El Gobierno vasco, a través de su portavoz Bigen Zupiria, ya animaba a Irun a recurrir la sentencia.El consejero consideraba que este fallo cuestiona aspectos relevantes de la política lingüística, aprobados por ley y consensuados entre partidos, instituciones y sindicatos. Por ello, y desde el respeto a la autonomía municipal, Zupiria apuntaba que sería "conveniente" que este consistorio recurriese la sentencia ante el Tribunal Supremo por "no respetar la normativa ni los procedimientos consensuados".