El Gobierno vasco ha aprobado el decreto que regula la vivienda deshabitada en Euskadi en el que conviven medidas de fomento de alquiler, así como de alquiler forzoso de viviendas vacías y su expropiación en casos extremos para "posibilitar que las viviendas cumplan su función social". El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, ha dado a conocer los principales detalles de las medidas aprobadas que excluyen viviendas de segunda residencia, los casos de traslado temporal de domicilio por trabajo, salud, dependencia o emergencia social y hogares ofertados en venta o alquiler durante un mínimo de tres meses, así como los pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro, en rehabilitación o que no cuenten con condiciones mínimas de habitabilidad.
En los casos en los que no esté justificado, se impondrá un canon anual de diez euros por cada metro cuadrado que se incrementará un 10% por cada año de desocupación con un máximo de 30 euros por cada metro cuadrado útil, que corresponderá a los Ayuntamientos recaudar hasta que se revoque la resolución e irán destinadas a las políticas de vivienda del municipio. En este sentido, el consejero ha recordado que el objeto "no es la recaudación sino movilizar la vivienda vacía" para lo que "simplemente bastará con poner la vivienda en el mercado libre o cederla a los programas Bizigune y el programa de intermediación ASAP".
Según ha explicado el consejero, la normativa comenzó con la Ley de Vivienda de 2015, "una ley pionera dirigida a que ninguna persona que carezca de recursos se quede sin hogar", y se establecen ahora una serie de mecanismos que permitan hacerla efectiva, entre ellos, el decreto de vivienda deshabitada, según se estipula, aquella que se encuentre desocupada de forma continuada durante dos años, que podrán acreditar los Ayuntamiento y Gobierno vasco "a través de datos de padrón y consumos anormalmente bajos de luz, agua o gas", ha afirmado Arriola.
Mayor número de viviendas "en los pueblos más pequeños"
El Decreto establece además la posibilidad de alquiler forzoso en zonas tensionadas, tendrá que haberse acreditado previamente una alta demanda y necesidad de vivienda que se divide "en dos requisitos". Deberá existir una lista de más de cien personas que demanden pisos públicos en Etxebide cuyas peticiones no hayan podido ser atendidas en los dos años anteriores y los precios del alquiler deberán superar en, al menos, un 10% el precio medio de las viviendas en el municipio.
El decreto también prevé para los casos más extremos la expropiación forzosa, que se aplicará a viviendas deshabitadas por más de un año en zonas de acreditada demanda cuando la expropiación resulte adecuada para garantizar su uso o en casos en los que esa residencia esté en riesgo de ruina o incumpla las normativas de conservación y genere inseguridad para las personas.
Respecto a las zonas con mayor incidencia de pisos vacíos, los estudios de los que dispone el Gobierno vasco señala a las capitales, en las que "se deberá analizar la incidencia de demanda". No obstante, el número más importante de vivienda vacía "se sitúa no tanto en las zonas de más demanda sino en pueblos más pequeños", ha asegurado Arriola.