A lo largo del día se conocerá la decisión del TSJPV ante al recurso presentado por LaLiga solicitando la apertura de los estadios del fútbol vascos al 100% de su aforo. Un decisión que llegaba motivada de la decisión del Gobierno vasco de mantenerlos al 60%, a pesar de la decisión adoptada en la última Interterritorial que eliminaba todas las restricciones en este ámbito. Los varapalos judiciales que ha dado el TSJPV al ejecutivo durante estos meses de pandemia ha sido uno de los temas que se han tratado en el pleno del Parlamento que se ha celebrado hoy.
El líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha sido quien ha planteado esta cuestión al lehendakari, acusándole de "cargar siempre contra los jueces" y de únicamente querer a los jueces "con eusko label". Durante toda la emergencia sanitaria, el TSJPV ha dado varios reveses al Gobierno vasco, todos a través del mismo juez, Luis Ángel Garrido. Uso de las mascarillas en la playa, apertura de la hostelería o el último con los aforos en los estadios. Su ultimo auto obligaba a Euskadi a ampliarlos y pasar del 30% al 60% como le reclamaba La Liga. Ahora falta esperar que ocurrirá con la nueva petición de ampliarlos hasta el 100%, decisión que Urkullu había pospuesto hasta el próximo LABI del martes.
El lehendakari ha insistido en que ellos siempre van a defender los criterios científicos que emplea su consejo asesor. A las palabras de Iturgaiz, el lehendakari Urkullu ha respondido que las resoluciones de los jueves no son sentencias, sino autos, ya que "no entran al fondo de la cuestión". No obstante, asegura que "nadie ha atacado nunca a ningún juez" y siempre han respetado y cumplido las decisiones de la justicia aunque considera que Euskadi ha estado en desventaja en comparación con otras comunidades a la hora de gestionar la pandemia: " Euskadi ha sido el territorio que menos herramientas y más inseguridad jurídica ha tenido durante la crisis sanitaria y, aún así, siempre nos hemos negado a judicializar la lucha contra la pandemia".
"El trabajo de científicos y epidemiólogos merece un respeto y su criterio de expertos de defensa de la salud pública debe tener un valor también en el ámbito judicial. No he conocido otra desautorización de su profesionalidad como la que se ha producido en Euskadi", ha lamentado.