El Gobierno central asegura que el Supremo unificará criterios sobre el pasaporte covid

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha negado que haya un "lío" con la implantación del pasaporte covid en las comunidades autónomas, ya que ha señalado que el Tribunal Supremo es el que sienta doctrina sobre esta cuestión cuando se recurren ciertas decisiones de los tribunales autonómicos. "No creo que sea un lío. Lo que se acordó, y así está en las disposiciones legales, es que sea el Tribunal Supremo el que siente doctrina sobre esas cuestiones cuando se recurren", ha declarado a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha autorizado la implantación del pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes con comedores para más de 50 personas, pero el Gobierno autonómico ha descartado recurrir al Tribunal Supremo esta decisión. Ante esto, el Gobierno vasco ha dicho que no va a recurrir al Supremo por esta cuestión para no "judicializar" el asunto, mientras su socio de Gobierno, el PSE, le aprieta asegurando, en palabras de su líder Eneko Andueza, que él "sí recurriría".

Hace escasa horas el TSJPV daba un nuevo varapalo a las medidas solicitadas por el Gobierno de Iñigo Urkullu, y en este caso con el apoyo de la Fiscalía, para tratar de frenar el desbocado aumento de la pandemia de la covid en Euskadi y que aboca a la comunidad a una sexta ola. Los tres jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazaban el uso del pasaporte covid en Euskadi como llave para acceder a los locales de hostelería.

La decisión del TSJPV cuenta con el aval de dos magistrados y el voto particular de su presidente, Luis Garrido, que disiente del parecer mayoritario, al considerar que tenía que permitirse la implantación del 'pasaporte covid'. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres días desde su notificación. El Tribunal ha denegado la solicitud del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para implantar el certificado covid digital de la UE en establecimientos de ocio nocturno, pese a que ya está en vigor en Baleares, Cataluña y Galicia.

Qué harán otras comunidades

En Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones.

En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces. Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo pero no como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.

El Gobierno de Navarra enviará el miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) para su ratificación judicial su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive.

También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario y pretende saber si es posible exigirlo y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y, principalmente, para las personas.