El ayuntamiento vasco con más casos de corrupción afronta el primero de sus tres juicios

El ayuntamiento vasco con más casos de corrupción afronta el próximo martes día 18 el primero de los tres juicios, que implican a tres de los cinco alcaldes que ha tenido el municipio vizcaíno de Alonsotegi. En la vista del martes de la Audiencia de Bizkaia, se sentará en el banquillo el exalcalde José Luis Erezuma (PNV), quien fue primer edil entre 201 y 2015, por permitir a una constructora el cobro de obras pública falsas, un hecho reconocido por él mismo y el constructor implicado.

Junto a Erezuma, están procesadas otras cinco personas más (dos arquitectos municipales, el aparejador y dos constructores) por actuar “de común acuerdo” para lograr unas subvenciones de la Diputación por valor de 600.000 euros (además de otros 81.000 euros del propio ayuntamiento) y pagar ese dinero posteriormente al arquitecto y aparejador que trabajan para el Consistorio, así como a la constructora Laneder. Una operación “sin contenido económico real”, según subrayó el auto judicial de 2019 que les procesó. Los seis procesados están acusados de otros tantos delitos; prevaricación, falsedad en documento por un funcionario, falsedad en documento público, fraude a las administraciones, fraude en subvenciones públicas y malversación.

La vista oral tendrá que prolongarse durante varios días, ya que deberán testificar, además de los seis acusados, una veintena de testigos, entre ellos el actual alcalde de Bilbao Juan María Aburto, ya que cuando ocurrieron los hechos era el diputado foral vizcaíno de Presidencia de la Diputación vizcaína, que concedió la subvención de 600.000 euros.

El exalcalde José Luis Erezuma y los otros cinco procesados afrontan hasta ocho años de cárcel cada uno. Esta es la petición de pena más elevada, solicitada por la acusación particular, ya que el resto de las partes (la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Alonsotegi) han coincidido en solicitar seis años de prisión para los seis imputados.

La investigación judicial de este caso se inició en 2018 por el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo para esclarecer un episodio de obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipio de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones y las diligencias han determinado que ese dinero se utilizó para pagar a la constructora Laneder, (en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más de un millón de euros por una obra anteriormente realizada en 2008.

Este abono por obras no ejecutadas fue reconocido, en su declaración ante el juez en noviembre de 2018, por uno de los constructores, Eduardo Ibarra. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró. El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

El exalcalde José Luis Erezuma, en su declaración ante la jueza el 17 de julio de 2019, admitió que las obras, pese a haber sido pagadas, no se ejecutaron pero que esta operación no supuso perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Alonsotegi.

En la investigación, se le culpa al exalcalde Erezuma de encargar “de forma verbal” las supuestas obras y a los técnicos municipales de presentar informes “con desperfectos inexistentes”.

En Alonsotegi, que en la década pasada llegó a ser el municipio vasco de entre 1.000 y 10.000 habitantes con más endeudamiento, los tribunales tienen abiertos otras dos investigaciones diferentes, con las que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres legislaturas que van de 2003 a 2015. El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales. A pesar de que las investigaciones se iniciaron años antes, van más retrasadas en la instrucción judicial.

El caso de mayor gravedad implica a dos exalcaldes, Aitor Santisteban (alcalde entre 2007 y 20119 y a Gabino Martínez de Arenaza (primer edil entre 2003 y 2007), acusados de dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. Se les culpa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal.

Junto a ellos, tendrán que pasar por el banquillo un abogado y el arquitecto asesor, acusados todos ellos de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.

Pese a que el juzgado de Barakaldo que investiga el caso decretó el procesamiento en julio de 2018, aún sigue sin fijarse la fecha de la vista.

El tercer caso se refiere a certificaciones falsas de obras por la que está imputado el exalcalde Aitor Santisteban, junto al arquitecto externo y el aparejador municipal.  En concreto, cerca de 1,2 millones de euros por trabajos que nunca se ejecutaron. Estaban imputados por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

Sin embargo, la Fiscalía de Bizkaia ha aumentado las imputaciones a cuatro personas más: los directivos y responsables de dos constructoras que recibieron el dinero. Además, amplía los delitos cometidos al añadir otros tres más: falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

La Fiscalía señala que los siete imputados “puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, decidieron aparentar la ejecución de una serie de obras”.