El PNV acusa a Confebask de dejarse influenciar por la CEOE

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha cuestionado la postura de la patronal vasca respecto a la reforma laboral, acusando a Confebask de dejarse influenciar por la CEOE. "Está pesando más la 'C' de CEOE que la 'B' de Bask", ha apuntado el líder nacionalista que ha insistido en que su partido votará 'no' a la reforma "si no se garantiza la prevalencia del marco vasco de relaciones laborales".

El presidente del EBB ha reiterado que no habrá apoyo, ni abstención "táctica" a la reforma laboral, ni "un dejar pasar" si el texto que se presenta al trámite parlamentario no recoge la prevalencia del convenio autonómico, una demanda de los jeltzales "sencilla y fácil" de cumplir. Así lo ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi en la que ha señalado que para votar a favor de la reforma laboral, el PNV "solo ha puesto una condición, y no es difícil de cumplir porque lo que pedimos que sucede ahora ya estuvo en vigor un tiempo y no se cayó el mundo".

Ortuzar lo que ha explicado es que lo que piden es que cuando haya cierta "controversia" con algún convenio de empresa, se resuelva bajo un marco de referencia que sea el convenio autonómico, que, en el caso de Euskadi, es el acuerdo interprofesional vasco que "está firmado con el aval del 100% de los sindicatos y la patronal". Para él, esta petición de prevalencia de los convenios autónomicos tiene que tener rango de ley y "el mismo o mayor grado de protección jurídica que cualquier otra norma, para que no haya colisión". "Si esto no se garantizar, el voto del PNV va a ser no. No vamos a transigir porque iría en contra de nuestros principios", ha asegurado Ortuzar.

Y ha mandado un mensaje muy claro a la patronal vasca al asegurar que Confebask se está dejando influenciar por la CEOE y le "está pesando más la 'C' de CEOE que la 'B' de Bask".

La relación con el Gobierno "se puede ir al carajo"

Otro de los asunto que Ortuzar ha tratado en esta entrevista es el Ingreso Mínimo Vital y ha lanzado un 'ultimatum' al Gobierno: "nuestra relación con el Gobierno de Sánchez se ira al carajo si la transferencia del IMV no llega a Euskadi como se acordó". Ha apuntado directamente al ministro Escrivá como el culpable de los problemas de esta negociación al considerarlo "un ministro obstáculo".

"Es la tercera vez que negociamos ese traspaso" y "ahora, cuando deberían mandar un último papel, nos quieren meter de rondón una cosa inaceptable: que el traspaso no lo sea sino que sea una cesión temporal de 10 años prorrogable", ha denunciado según ha recogido Efe.

Campaña de "asalto a la moncloa"

El presidente del PNV también ha opinado sobre la polémica generada en torno a los fondos europeos y su reparto. Ortuzar ha opinado que el recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se enmarca dentro de la campaña del PP de acoso y derribo al Gobierno y de asalto a La Moncloa". Bajo su punto de vista, detrás de esa denuncia  "solo hay ganas de buscar lio" y, en su opinión, llevar a los tribunales asuntos que se pueden resolver en la política "no es una buena estrategia porque deja resquemores".

Subraya las palabras del lehendakari y también cree que el PNV no ha recibido todo lo que debería de este dinero: "podríamos decir que Euskadi ha salido perjudicada"porque recibirá fondos por debajo de los indicadores que le corresponden, pero ha protestado dentro de la mesa donde hay que decirlo", ha recogido Efe sobre sus declaraciones.

Gestión "irregular" pero no "corrupción"

Una de las cuestiones de la semana ha girado en torno a la aceptación del ex alcalde de Alonsotegi, José Luis Erezuma, de la comisión de varios delitos de corrupción. Para Ortuzar, lo ocurrido con el ex edil responde a una "gestión irregular" pero "no es corrupción porque no ha habido enriquecimiento lícito". No obstante, ha asegurado haber sentido "pena" por este caso, que evidencia "una mala práctica" por parte de un ex alcalde de su partido.

José Luis Erezuma,, el arquitecto municipal y dos responsables de una empresa constructora, han acordado con la Fiscalía y la acusación popular ejercida por EH Bildu asumir un delito de prevaricación y otros de falsedad documental y fraude en las subvenciones, por los que se han acordado una pena de 10 años de inhabilitación y dos años de cárcel. Además, conjuntamente devolverán los 681.000 euros defraudados más 200.000 euros por los intereses.