La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de considerar nulo el juicio contra Xabier Atristain ha dado el precedente perfecto a la izquierda abertzale para presionar al Gobierno y pedir la excarcelación de presos de ETA. Para Sortu, el núcleo más duro dentro de EH Bildu, esta decisión se asemeja a lo ocurrido con la doctrina parot en 2013 y ha exigido la "reparación" y "puesta en libertad" de los presos que "han visto conculcados sus derechos" para que cese su situación de "injusticia".
Esas son las palabras que ha pronunciado el secretario general, Arkaitz Rodríguez, quien ve tras el caso Atristain una "oportunidad" para "dar una solución justa y razonable a la cuestión de los presos" de la banda terrorista. Así se ha dirigido al Gobierno de Sáncheza durante una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en San Sebastián para pronunciarse sobre este caso, tras conocer el fallo de Estrasburgo. Un fallo que considera que España vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los derechos a un juicio justo y a una asistencia legal elegida por el detenido y le condenó a indemnizar a Atristain con 12.000 euros por daños morales y con 8.000 en concepto de gastos y honorarios, tras lo que el recluso fue puesto en libertad.
Rodríguez ha apuntado que este mismo régimen fue aplicado "de forma sistemática y generalizada" a "miles" de arrestados en el País Vasco que vieron "vulnerados" sus derechos, lo que ha llevado a que todavía hoy haya "decenas de 'Xabier Atristain'" en las cárceles, de manera "injusta e indebida", que deben ser "reparados" y ser puestos en "libertad" para que cese su situación de "injusticia". Por ello, presiona al Gobierno de Sánchez para que lo ocurrido con Atristain sirva de precedente con el resto de presos aún en prisión. Ha asegurado que su coalición está dispuesta a dar la "batalla y jurídica y política" con este asunto.
Rodríguez no ha sido el único que hoy se ha pronunciado sobre lo ocurrido con Atristain. La exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal ha invocado el caso del etarra para solicitar al Tribunal Supremo que revoque su condena a 24 años y medio de prisión por un doble atentado. Sorzabal ha argumentado que, como en el caso de Atristain, no se respetaron las garantías que establece el TEDH al haber estado también en la misma situación de incomunicación y no haber tenido la oportunidad de elegir abogado.