Tercer exalcalde del PNV en Alonsotegi procesado por corrupción

Un tercer exalcalde del PNV en Alonsotegi será también procesado por corrupción. Una juez de Barakaldo ha dado por concluidas las investigaciones del tercero de los casos en este municipio vizcaíno, referido a certificaciones falsas de obras por la que está imputado Aitor Santisteban, el que fuera alcalde entre 2007 y 2011. Le culpa de seis delitos, entre ellos prevaricación, malversación y fraude, junto al arquitecto externo y cuatro directivos y responsables de constructoras que recibieron el dinero por trabajos no realizados.

Santisteban se sentará así con toda probabilidad en el banquillo de los acusados de un juicio. Será además el segundo caso que le llevará a una vista oral, ya que en 2018 fue procesado por dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. En ese sumario, está imputado también su predecesor Gabino Martínez de Arenaza (primer edil entre 2003 y 2007), junto a un abogado y el arquitecto asesor. A los cuatro se les imputa cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos. Pese a los cuatros años transcurridos desde el procesamiento, aún no se ha fijado la fecha de la vista oral.

El último auto judicial sobre los casos de corrupción en Alonsotegi se dictó el pasado 4 de octubre por parte del juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo. La magistrada considera que se pagaron a dos constructoras cerca de 1,2 millones de euros por trabajos que nunca se ejecutaron.

Se refiere a cuatro obras en las que los seis procesados “puestos de común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio, crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales, en perjuicio de los respectivos patrimonios públicos”.

La juez destaca que los pagos se autorizaron pese a los reiterados informes contrarios de la interventora municipal. Destaca que una de las obras era la reforma de los servicios sociales de un campo de fútbol pese “a que no existían tales servicios sociales”.

Durante la mayor parte de la investigación judicial (que ha llevado un gran retraso al superarse ya los seis años de instrucción), ha habido tres personas imputadas: el exalcalde Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador municipal, todos ellos por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación. Pero a finales de 2020, la Fiscalía de Bizkaia aumentó las imputaciones a cuatro personas más: los directivos y responsables de dos constructoras que recibieron el dinero. Además, amplió los delitos cometidos al añadir otros tres más: falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

La jueza ha aceptado estas ampliaciones y finalmente han sido seis las personas procesadas. No está el aparejador municipal, ya que falleció hace ahora casi un año.

El auto judicial supone la conclusión de la instrucción judicial y abre con toda seguridad la apertura de un juicio oral. Se puede recurrir y, en su caso, sería la Audiencia de Bizkaia la que estudiaría la apelación. Si no hay recurso, tanto la Fiscalía como la acusación particular, de EH Bildu (el partido que ha llevado estos casos a los tribunales), y las defensas tendrían que formular sus peticiones de cárcel.

Con esta resolución, los tres casos vinculados a la corrupción en Alonsotegi que están bajo investigación judicial quedan ya pendientes de celebrarse los juicios. La primera vista oral tendrá lugar el 18 de octubre y es, paradójicamente, el caso más reciente. Afecta al exalcalde José Luis Erezuma (primer edil entre 2011 y 2015), cuya instrucción se inició en 2018 por el pago a constructoras de obras públicas que no se ejecutaron.

Este abono por obras no ejecutadas fue reconocido, en su declaración ante el juez en noviembre de 2018, por uno de los constructores, Eduardo Ibarra. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró. El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

La vista oral ya se aplazó en enero pasado cuando los cuatro procesados (el exalcalde José Luis Erezuma, un arquitecto municipal y dos constructores) llegaron a un pacto extrajudicial para evitar el juicio: reconocían el pago de dinero público de obras que no se ejecutaron y se comprometían a abonar de casi 900.000 euros de las subvenciones públicas y los intereses. A cambio, evitaban ir a la cárcel, ya que afrontaban penas de entre 6 y 8 años de prisión.

Pero todo se fue al traste la primavera pasada. Y por solo 60.000 euros. El abogado del arquitecto municipal procesado se negó a pagar el perjuicio cometido al Ayuntamiento. El pago al consistorio correspondía al arquitecto y al exalcalde, quien sí mostró su disposición a abonarlo.  Totalizaba, según el informe de la secretaría municipal, casi 65.000 euros, a los que se añaden 24.000 euros por los intereses y 32.000 en concepto de los gastos de defensa jurídica del ayuntamiento de Alonsotegi.

Ya están finalizadas las investigaciones judiciales de los tres casos graves vinculados a la corrupción en el municipio vizcaíno de Alonsotegi, que llevará a juicio a los tres alcaldes (todos del PNV) que tuvo la localidad entre 2003 y 2015. La última, la del que fue primer edil entre 2007 y 2011, se refiere a pagos de 1,2 millones por obras públicas no ejecutadas a dos constructoras. El problema ha sido, de nuevo, la lentitud de la Justicia, que ha tardado más de 6 años en finalizar la instrucción.