Fátima Ansotegi, Javier Zarraonandia, Ibon Etxeberria, Aitor Zulueta o Alexander Arriola son solo algunos de los antiguos cargos del PNV que en el pasado reciente han abandonado sus puestos de trabajo en la administración pública para quedar parados en alguna que otra empresa privada. Una práctica no poco común en el partido jeltzale y que, técnicamente, debería ser vigilada por la Comisión de Ética Pública (CEP) de Euskadi.
Sin embargo, desde hace tiempo algunas formaciones políticas en la oposición, en especial Elkarrekin Podemos-IU, denuncian que dicha institución, dependiente y fundada por el propio Gobierno vasco, no está llevando a cabo “correctamente” sus funciones. En concreto critican que desde su fundación, la CEP no ha dado ningún fallo desfavorable ni ha investigado ningún caso de puertas giratorias ocurrido en la Comunidad Autónoma Vasca.
De hecho, la coalición morada ha convertido esta lucha contra las puertas giratorias en una de sus banderas y desde hace tiempo aseguran que uno de los principales problemas que tiene la Comisión de Ética Pública, es que está compuesta casi íntegramente por personas con cargos o alguna relación con el PNV. En concreto, tres de los cinco miembros de la comisión ocupan un cargo dentro del Gobierno vasco.
El exdirector general de SPRI, Alexander Arriola / Irekia
Cinco miembros, todos del PNV
Si bien la CEP está adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y está compuesta por un presidente y tres vocales con voz y voto ante las cuestiones que estudian, y un secretario solo con voz, pero no con voto, desde la oposición llevan años criticando que sus integrantes tienen, o han tenido, algún tipo de relación con la formación Jeltzale.
Toda esta denuncia no es algo exclusivamente de Podemos. También desde EH-Bildu, e incluso desde el Partido Popular y Vox, se han volcado contra la formación jeltzale exigiendo explicaciones a raíz de los últimos cinco casos conocidos, a quienes les acusan de saltarse el periodo de carencia de dos años al que obliga la Ley Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses.
En especial, las miradas se han centrado en la figura del exdirector general del SPRI, Alexander Arriola, quien tras no obtener respuesta del Gobierno y saltarse el procedimiento marcado, acabó firmando por la empresa de ciberseguridad para vehículos, Eurocyber.
Josu Estarrona, parlamentario de EH Bildu./CV
Bildu pide disolver la CEP
Así, el pasado 1 de marzo, Bildu presentó en la Cámara vasca una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo liderado por Íñigo Urkullu a disolver la CEP y establecer en su lugar “un mecanismo independiente que prevenga detecte, investigue y resuelva posibles prácticas irregulares".
En esta línea, el parlamentario de la coalición soberanista, Josu Estarrona, aseveró que dicha comisión “no sirve para nada”, más que para “legitimar” las redes clientelares y puertas giratorias, y denunció que la “única función” de la CEP hasta la fecha “ha sido justificar la actuación del Gobierno en este tipo de casos para dar una apariencia de corrección ética a sus decisiones”. Incluso llegó a tildarla de “Comisión de Estética”.
Jon Darpón comparecen en una comisión parlamentaria sobre la OPE /EFE
Más de 15 casos sobre la mesa
Pero como hemos señalado al inicio, la migración de la administración pública a la empresa privada por parte de excargos del PNV tras cesar en su puesto, no es una práctica poco habitual, ni mucho menos.
Ya hace algo menos de un año, Podemos lanzó su campaña #Hazquepaguen contra lo que llamaron el “oligopolio eléctrico”, y en la que centraban su atención en dos antiguos cargos peneuvistas: Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola; y Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, a quienes acusaron de haber cruzado las puertas giratorias.
De igual manera, en 2021 EH-Bildu llevó al Parlamento un listado con hasta 15 cargos jeltzales que habían acabado dentro de grandes empresas del sector energético como Repsol o Iberdrolas. Entre ellos, figuraban nombres como el de Juan Diego, exdirector general de Osakidetza y exasesor de Urkullu; Javier Balza, Mario Fernández o Xabier Sagredo, entre otros.
Además, fuera del lobby energético, Bildu puso sobre la mesa también al exconsejero de Salud, Jon Darpón, quien al abandonar el Ejecutivo vasco, y junto a varios de sus colaboradores, pasó a ocupar un puesto Keralty, una aseguradora sanitaria privada. Otro caso que señalaron fue el de la exdiputada vizcaína Ibone Bengoetxea, ahora en EiTB.
Así, si uno empieza a remontarse en el tiempo, va descubriendo poco a poco más casos de “puertas giratorias”, encontrando así una realidad que desde el PNV no parece que intenten ocultar, y que sirve al resto de formacion políticas, especialmente en época electoral, como un arma arrojadiza para tratar de desprestigiar al partido jeltzale y de deslegitimar un organismo como la Comisión de Ética Pública.