La salida de Ferrovial a Países Bajos no ha dejado indiferente a la clase política de Euskadi. Si la semana pasada Unidas Podemos presentó su propuesta de ley para que el Congreso de los Diputados obligue a la compañía española a devolver las ayudas públicas, ahora EH-Bildu ha registrado otra proposición en la Cámara Baja para que aquellas empresas con financiación del Estado que trasladen su sede a otro país, devuelvan los fondos públicos obtenidos durante los últimos 10 años.
Con esta medida, que según señaló Bildu en un comunicado se debatirá en el mes de marzo en el pleno del Congreso, la coalición soberanista pretende “obligar” a los diferentes grupos parlamentarios a “posicionarse” sobre la deslocalización de las empresas e “instan” al Gobierno a impedir que se repita esta práctica.
De este modo, Bildu presentó una iniciativa, la primera en relación a esta materia debatida en el Congreso según la formación abertzale, con la que defiende que la obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas “deberá estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los 5 años posteriores a la última financiación pública obtenida”.
La iniciativa pretende “elaborar, desarrollar y aprobar la legislación necesaria” para que, ante un caso de deslocalización, las empresas estén obligadas a devolver toda la financiación pública obtenida por las diferentes administraciones en los últimos 10 años. Una medida con la que Bildu reclama “proteger y asegurar” todos los puestos de trabajo que puedan ser afectados por el traslado de sede social o fiscal de una compañía.
Ferrovial también se mudó de Euskadi / Europa Press
Supuesta inseguridad jurídica
El portavoz adjunto de la coalición soberanista, Oskar Matute, hizo referencia al comunicado de Ferrovial que excusaba la decisión de la compañía en la supuesta inseguridad jurídica existente en España "para camuflar un intento de obtener ventajas fiscales que no tienen en el país de origen". Además, Bildu recordó que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo “han adoptado medidas jurídicas para que las empresas financiadas por la Unión Europea no deslocalicen sus actividades y queden excluidas de los fondos estructurales hasta siete años después de la deslocalización”.
Por ello, Matute consideró urgente que los Estados “se doten de mecanismos” que permitan proteger tanto a los trabajadores como a la ciudadanía ante aquellos procesos de deslocalización realizados por compañías que han recibido ayudas públicas.