El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apoya seguir investigando a la cúpula de ETA por el secuestro y asesinato del exconcejal del PP en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, y dejar el análisis sobre si está o no prescrito al "momento procesal oportuno", cuando se hayan recopilado todas las pruebas. Es la tesis que la fiscal jefa de la Secretaría Técnica plasmó en el documento que se ha enviado a todos los fiscales de la Sala -máxima categoría de la carrera- para abordar el debate sobre la prescripción de este atentado en la próxima junta, que tendrá lugar este jueves.



Según el documento, al que ha tenido acceso EFE, "por indicación" del fiscal general del Estado, el pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la prescripción "se determinará en el momento procesal oportuno ante la Sala de lo Penal", una vez que se haya recabado "todo el material probatorio y documental" para conformar "una tesis concluyente".



Una postura sobre la que los fiscales de Sala podrán hacer las alegaciones que estimen procedentes este jueves y que va en sintonía con lo manifestado por el propio fiscal general en su última comparecencia en el Senado y también con lo que plasmó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un reciente auto en el que posponía la decisión de determinar si el atentado está o no prescrito para varios exjefes de ETA. En aquella resolución, la Sala admitía las "dudas" y "posturas antagónicas y enfrentadas" sobre este asunto -algunas incluso apuntan a una posible imprescriptibilidad de los delitos-, y señaló que la decisión debe tomarla la Sala de lo Penal y no el juez instructor, bien a la hora de pronunciarse sobre la conclusión del sumario "o incluso en sentencia que en su día recaiga".



Ante las dudas que suscitó la prescripción de los delitos, que derivaron incluso en un cambio de fiscal en la causa, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso realizó una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y el fiscal general decidió llevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala.



En esta causa se investiga la presunta responsabilidad de cuatro exjefes de ETA en el atentado de Miguel Ángel Blanco: Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; María Soledad Iparraguire, Anboto; y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri.