El Ayuntamiento de Zamudio oculta a la juez documentación sobre el acoso a un vecino desde hace 18 años

El Ayuntamiento de Zamudio está ocultando a la juez documentación sobre el  acoso que sufre un vecino por parte de este Consistorio vizcaíno desde hace 18 años.  El ayuntamiento utilizó el nombre de una funcionaria en un documento oficial cuando la empleada estaba de baja y, cuando la empleada lo denunció, dijo que había sido “un error”. Este incidente no ha sido comunicado al juzgado. Además, la documentación exigida por la juez venía firmada como secretario (el cargo que debe velar en cualquier ayuntamiento por la legalidad de las actuaciones) por alguien sin identificar. Tras ser requerido por la juez por ello, el ayuntamiento ha respondido que es una auxiliar administrativa que actúa como secretaria.

En mayo pasado, el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao declaró ilegal un acuerdo del primer edil, Igoitz López (PNV), que señalaba un camino como público, con el que la intención última sería el derribo de unas estacas propiedad del afectado, José María Zarate. Este litigio ya motivó, hace 11 años, la condena por prevaricación de la anterior alcaldesa Sorkunde Aiartza, también del PNV.

La condena contra el actual alcalde se debió por la intervención personal de López en vez del pleno del Ayuntamiento, la institución que abrió la investigación del camino. Pero el primer edil, en vez de retrotraer las actuaciones, ya obvió entonces el fallo judicial y volvió a aprobar la declaración del camino como público en un pleno celebrado el pasado 1 de septiembre.

El asunto pasó por la comisión municipal de Urbanismo, celebrada en agosto, y ahí aparece como secretaria un técnico municipal de Urbanismo. Sin embargo, la empleada estaba de baja y, cuando se enteró de la utilización de su nombre, presentó en marzo pasado una denuncia en el Ayuntamiento. Calificó lo ocurrido de “muy grave” y exigió que se “anulen todos los actos en los que se refleja ni nombre o mi firma”.

El alcalde argumentó entonces que fue un “simple error”. El Consistorio envió al juzgado un decreto, firmado el pasado 28 de marzo por el primer edil, en el que modifica el nombre de la funcionaria como secretaria de la comisión y la sustituye por la de él debido a un “error material”.

La documentación que debe enviar una administración a un juzgado debe ser tramitada por un secretario. En Zamudio, el titular es familiar del vecino que ha protagonizado denuncias contra Zarate, por lo que ha tenido que inhibirse en el caso. Así, el alcalde ha utilizado a empleados municipales para actuar como secretarios. En el litigio sobre la titularidad del camino, primero recurrió al animador sociocultural y posteriormente a una auxiliar administrativa, que ha tramitado la última documentación del caso enviado al juzgado. Desde el pasado 24 de abril, el municipio ya cuenta con una secretaria municipal.

Este acoso al vecino José María Zarate se inicia en 2006, cuando unas estacas colocadas en su propiedad fueron derribadas ilegalmente por la entonces alcaldesa Sorkunde Aiartza (PNV). Por esa decisión, fue condenada por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público, y las estacas tuvieron que reponerse. Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Sin embargo, meses después, el actual alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y no ha facilitado a día de hoy la licencia de fin de obra.

Desde entonces, la estrategia del Consistorio se ha dirigido a querer demostrar que el camino es público, cuando las sentencias judiciales que condenaron a la anterior alcaldesa señalan que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro. La intención final era volver a derribar las estacas. Solo en la gestión para declarar el camino público, el Ayuntamiento se ha gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según ha certificado el interventor municipal.

Desde 2018 ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 el ayuntamiento aprobó declarar el camino como público. El afectado está convencido de que, con esta declaración, el Consistorio quería volver a ordenar la retirada de las estacas que ya le costaron el cargo a la entonces alcaldesa hace 11 años. Por ello, hace más de dos años interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento, que es el litigio actual.