El Gobierno vasco crea un canal para denunciar infracciones tras negar una oficina anticorrupción

El canal interno para denunciar la corrupción en la administración vasca está cerca de ser una realidad. Tras su reunión de este martes, el Gobierno de PNV y PSE ha anunciado la puesta en marcha de esta iniciativa. 

La actitud del Ejecutivo contrasta en gran medida con su persistente negativa a poner en marcha una Oficina Anticorrupción que reclaman desde la oposición. Claro que esta medida responde a la creación de una ley estatal de obligado cumplimiento. Una ley que se aprobó en febrero en el Congreso de los Diputados para proteger a los denunciantes de la corrupción. 

Más en concreto, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu va a abrir un canal interno para recoger la información sobre posibles infracciones y delitos dentro del sector público en el que se proteja la identidad de los trabajadores informantes, tal y como recoge la agencia Efe.

Este canal está contemplado en el decreto aprobado este martes por el Ejecutivo autonómico, en el que se regula su implantación con el objetivo de prevenir y detectar comportamientos ilícitos dentro del sector público de la Comunidad Autónoma Vasca.

Así será

Este sistema interno de información busca facilitar la protección de los trabajadores frente a las "represalias" que puedan sufrir cuando informen sobre posibles infracciones administrativas y penales graves y muy graves. Será obligatorio para las entidades públicas y contará con una sede física y también con una electrónica como cauce para recibir la información.

La persona responsable se encargará del funcionamiento del canal interno y de la adopción de las medidas de protección y gestión de los procedimientos de recepción, tramitación e investigación de las infracciones.

Tendrá rango de director, será nombrada por un periodo de seis años, desarrollará sus funciones de forma independiente y no podrá recibir instrucciones de ningún tipo.

Una vez recibida una información, si el responsable de este canal aprecia una posible infracción administrativa deberá trasladarlo al consejero del departamento al que esté adscrito el organismo involucrado, al que instará a poner en marcha las actuaciones para corregir las infracciones advertidas y depurar responsabilidades.

Si se aprecia un delito, el responsable deberá remitir la información y los hechos investigados a la Fiscalía. Después declarará concluida su actuación y lo comunicará al consejero.

Confidencialidad

Las comunicaciones trasladadas ante el canal interno de información serán gestionadas bajo un régimen de estricta confidencialidad y se preservará siempre el anonimato de la persona informante.

El decreto es consecuencia de la transposición de la ley estatal de febrero de 2023 sobre esta materia. Entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del País Vasco y a partir de ahí se iniciará el proceso para su puesta en marcha "cuanto antes".

La persona encargada de dirigir el canal interno será designada por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.