Urkullu pide un acuerdo al Gobierno central para que Viñedos de Álava se separe de la DOC Rioja

El pasado miércoles el Gobierno vasco anunciaba, tras Consejo de Gobierno, su intención de pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que anulase la exclusividad de los viñedos de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, una exclusividad que evitaba la doble inscripción, para que bodegas que tienen sus viñas registradas en la DOCa Rioja no pudiesen producir para Viñedos de Álava. 

Solo una semana después, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que ya ha notificado a dicho Ministerio su requerimiento para que se anule esta exclusividad, y lo ha hecho bajo las mismas razones que argumentaba hace siete días.

"Anular, revocar o derogar"

Más en concreto, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha notificado al citado Ministerio el requerimiento para que anule, revoque o derogue la orden por la que se modifican los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, así como la resolución que modifica el Pliego de Condiciones de la DOCa Rioja que permite el cambio de las condiciones de esta Denominación. 

El Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu considera que "los cambios en el reglamento de la DOCa -que se llevaron a cabo para establecer la exclusividad de los viñedos- son contrarios al derecho porque restringen la competencia y limitan el derecho de libertad de empresa".

A su parecer, con el reglamento actual "salen perjudicados los viticultores y las pequeñas bodegas titulares de viñedos, mientras que los vinicultores o productores de vino, tienen más opciones. Esto representa una discriminación entre viticultores y vinicultores, ya que a los primeros se les obliga a que su uva sea producida para destinarla solo a DOCa Rioja, mientras que las corporaciones vinícolas, especialmente las grandes, pueden operar en distintas denominaciones de origen".

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco interpondrán los recursos contencioso-administrativos correspondientes en el caso de que el requerimiento sea rechazado por el Ministerio

Por ello, esta notificación -que ha causado discrepancias, de nuevo, entre los socios de Gobierno, ya que la medida contó con la postura favorable de los consejeros del PNV y el rechazo de los del PSE; y que está basada en un informe elaborado por el Servicio Jurídico central del Gobierno- pide además un "requerimiento de diálogo" al Ministerio para lograr un acuerdo que evite llevar este asunto a los tribunales. 

Tal y como informa el propio Gobierno vasco, sus servicios jurídicos interpondrán los recursos contencioso-administrativos correspondientes en el caso de que el requerimiento sea rechazado por el Ministerio.