El 27 de marzo de 1983 una bomba colocada por ETA  junto al comercio Portobello del barrio donostiarra de Gros explotó asesinando al artificiero de la Policía Nacional Aniano Sutil Pelayo, de 26 años, y dejando gravemente herido a su compañero, Juan Manuel Martínez Aguiriano. Una serie de acciones mal ejecutadas por parte de los encargados de la investigación, sumadas a la dificultad en los ‘años de plomo’ de dar caza a los autores de este tipo de crímenes provocó que el caso se cerrase sin sus responsables en la cárcel. Cuarenta años después, este caso sigue sin resolverse. 

Este es uno de los más de 300 casos que el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, y la periodista María Jiménez Ramos plasman en su nuevo libro ‘Sin Justicia’. Los números del terror de ETA son conocidos: más de 850 asesinatos, al menos 2.500 personas heridas, un centenar de secuestrados, miles de empresarios extorsionados e incontables personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por miedo. Lo que quizás no es conocido es que el 40% de esos asesinatos han salido impunes y no se ha hecho justicia por ellos. 

Ahora estos dos expertos dan luz a lo ocurrido durante más de medio siglo, no solo en Euskadi, en el conjunto de España, buscan el por qué de los crímenes y qué reparación se le puede dar a las familias de estas 312 víctimas cuyos asesinos continúan en libertad.

¿Qué le llevó a publicar la historia de estos más de 300 crímenes sin resolver?

Esta es una cuestión que está en el debate público desde hace más de una década. Se empezó a tomar conciencia de todos los casos sin resolver a raíz de un informe que encargó la Asociación de Víctimas de Terrorismo a la abogada Carmen Ladrón de Guevara, después de la publicación de Vidas Rotas. Este se presentó a la Audiencia Nacional y esta respondió con otro informe de la situación que había en ese momento, lo que llevó a que se tomara conciencia social del volumen de casos que había sin resolver. 

¿Era algo desconocido para la sociedad?

Cada familia sabía lo de su caso. Era un conocimiento individualizado pero no había un conocimiento colectivo. Hace diez años, finalmente, se extrapoló a la sociedad y tuvo efectos como que la fiscalía designase a un fiscal para el seguimiento de los casos pendientes; que la policía dedicase más efectivos a esas tareas o que las asociaciones de víctimas se movilizasen tratando de adoptar iniciativas jurídicas o de concienciación. Con todo este movimiento, pasó el tiempo y nos pareció que era un momento oportuno para dar respuesta al por qué. Sabemos que ha habido casos sin resolver, cuántos más o menos, y lo que quedaba era responder la pregunta de por qué cada uno de ellos. Y es que para poder tener una visión global, hay que tener una visión precisa e individual.

Y… ¿Por qué existen todavía tantos casos sin resolver?

Hay que tener en cuenta que tres de las cuartas partes de los crímenes sin resolver son de los años de plomo -finales de los 70 y los 80-, todos ellos concentrados en el País Vasco y Navarra, por lo que hay que ser consciente del contexto político y social que había en ese momento. Dicho esto, y en este caso entran en juego tres factores: el apoyo social, la intimidación y el paragüas internacional. 

Para explicarlos hago siempre una comparación con los GRAPO, grupo terrorista que tiene un 12% de los casos sin resolver, a diferencia del 40% de ETA. En esta línea, por ejemplo, los GRAPO no tienen detrás el apoyo social tan extenso que tuvo ETA y lo que esto supone de cobertura, complicidad y facilidad en las posibilidades de eludir la acción policial. Por otro lado, los GRAPO no han tenido la capacidad de intimidar a la sociedad como la ha tenido ETA y esto es muy importante. El grupo terrorista vasco ha intimidado a la sociedad durante muchísimo tiempo y eso se traduce en miedo, en un “a la policía ni te acerques”, en que esta no tuviese colaboración ciudadana”. Por último, los GRAPO nunca han tenido un paragüas internacional, ETA sí. Un elevado número de casos no se ha podido juzgar porque o los países en los que estaban los etarras no han aceptado la extradición o directamente se les ha dado cobertura como en Cuba, Cabo Verde, Venezuela y ahí están fuera del alcance de la justicia española.

¿Qué papel jugaban en estos años los cuerpos de seguridad?

Lo característico de estos años de plomo es la gran capacidad terrorista, en estos años quien tiene la iniciativa es ETA. Las fuerzas de seguridad están a la defensiva y no solo eso, están acosadas por atentados, amenazas… Con lo cual tienen que dedicar muchos recursos a su propia protección en detrimento de la labor policial.

Florencio Domínguez/CV

La ciudadanía tiene el convencimiento de que la mayoría de asesinatos se ejecutaban bajo las órdenes de la cúpula. Sin embargo, en el libro explican que esto no era así…

Y precisamente por ello era en algunos crímenes tan complicado establecer los autores. En estos casos, ETA abría un frente y determinaba que como víctimas valían policías, guardias civiles, concejales del PP o del PSOE… Y no daban más órdenes. El comando tenía autonomía para hacerlo. Hay atentados importantes, en los que a priori piensas que lo ha tenido que ordenar la dirección de ETA pero hay comunicaciones internas del comando hacia la dirección que explicaban los motivos por los que lo hicieron, por tanto no actuaron bajo órdenes. Y esto lo que hacía era que resultase más complicado establecer, en caso de que la hubiera, una línea que conectase al inductor con el autor material. 

En el libro habla de la ley de Amnistía de 1977 y como está permitió que no se juzgara a numerosos detenidos relacionados con ETA. ¿Estaba justificado este movimiento por aquel entonces?

Esa ley tenía un absoluto respaldo social y político -sólo tuvo dos votos en contra en la votación en el Congreso- y respondía a un proyecto de reconciliación nacional. Era una ley que venía reclamando la izquierda desde los años 50 y que fue asumida por el conjunto de las fuerzas políticas y de la sociedad. Pero es cierto que afectó a asesinatos de ETA, así como a víctimas de extrema derecha, de cuerpos policiales… Sabemos que se aplicó en 63 asesinatos que estaban en fase de investigación, se cerraron los procedimientos, se amnistiado y se acabó. Por lo que ya es imposible saber quién cometió esos crímenes.

¿Qué estragos tiene esta falta de justicia para las familias de las víctimas?

Son los grandes damnificados porque nunca van a saber quién ha cometido el crimen y tener conciencia de eso es un factor que ayuda a las familias emocionalmente. Saber que se hace justicia y que se ha castigado a quien cometió el crimen es un importante factor de cicatrización de la herida de la familia; no hace desaparecer el duelo pero te da una cierta satisfacción”. 

En caso de que hayan prescrito… ¿Qué satisfacción le puede quedar a una víctima que sabe que ya no se va a investigar más su crimen?

Precisamente la mayor parte de esos atentados han prescrito, esto es permanente y no hay nada que hacer. Aunque el etarra se pusiera en la puerta de la Audiencia Nacional con un megáfono a gritar “yo lo mate”, no habría nada que hacer. Y en estos casos la única compensación sería una cierta verdad de lo ocurrido. De todos modos, cuando la familia no tiene justicia su herida permanece abierta permanentemente. No permite cerrar el duelo, condenar el autor del crimen ayuda a las familias, y en la medida que no hay justicia hay una situación de insatisfacción permanente.