Los socios del Ejecutivo vasco (PNV y PSE-EE) han presentado un amplio abanico de modificaciones para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Hasta 107 enmiendas para un texto de 48 artículos que, de aprobarse, se hará in extremis, y que la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, espera poder sacar adelante el próximo mes de marzo. Aunque para ello el lehendakari, Iñigo Urkullu, debería esperar a convocar las elecciones autonómicas vascas y el Parlamento debería habilitarse durante enero.
Lo más llamativo de las enmiendas 107 enmiendas presentadas sobre este texto reside en la implantación de un impuesto autonómico a las energías renovables en suelo no urbanizable. Un 'canon' dirigido a financiar actuaciones de la Administración vasca en zonas afectadas "directa o indirectamente" por la construcción de instalaciones como parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
Según se recoge en estas modificaciones, en concreto en la número 86, la cuota de este impuesto "directo, periódico y de naturaleza personal" se implementará a partir del 1 de enero de 2025 y se calculará multiplicando la potencia en MW, por 3.000 euros. Aunque aquellas instalaciones de autoconsumo y que generen una potencia menor a los 2MW quedarán exentas de este canon, siempre y cuando no estén unidas a las de otra persona o entidad.
El impuesto, independientemente de si estos proyectos "se encuentran o no en explotación", se aplicará tanto a aquellas instalaciones que ya estuvieran implantadas en Euskadi antes de la entrada en vigor de la norma como a las que entren en funcionamiento después. Al tratarse de un canon autonómico -y no foral como suele ser más común-, todo lo recaudado mediante este gravamen irá dirigido a la Hacienda vasca, al ser este Ejecutivo el "sujeto activo" en materia de este impuesto.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia / Legebiltzarra
Objetivo febrero
Pese a que el calendario es especialmente apretado y todavía no se conoce cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocará elecciones, la consejera Tapia está segura de su capacidad para sacar adelante un proyecto de ley que ya viene heredado de la anterior legislatura. De hecho, según ha señalado este lunes en Euskadi Irratia, está convencida de que es "totalmente factible" aprobarlo en la cámara vasca el próximo febrero.
Tapia sigue así la estela del lehendakari, quien el viernes, durante el pleno de control, respondió a los partidos de la oposición que piden acabar ya con este mandato y aseveró que todavía "quedan muchas cosas antes de terminar la legislatura". Entre ellas, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Una norma que, a juicio de Tapia, debería aprobarse con al apoyo de, al menos, un partido de la oposición. Algo que no parece descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la totalidad. Facilitando así la tramitación de esta ley.
"Para nosotros es importante que algún partido de la oposición apoye la ley y vamos a trabajar para lograrlo, como ya hemos hecho en otras leyes y porque el país necesita esta ley", ha asegurado Tapia, quien ha señalado que esta normativa es "necesaria, no solo para el Gobierno vasco, sino también para otras administraciones y toda la sociedad".