Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria acaba de tumbar varias órdenes de la dirección de la cárcel de Martutene. A raíz del fallo judicial, fechado en abril de este año y al que ha tenido acceso Crónica Vasca, el sindicato APFP de funcionarios de Prisiones denuncia errores en la gestión del centro penitenciario guipuzcoano.
La sentencia del juzgado, que fue recurrida por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco -así se llamaba en el anterior Ejecutivo-, da la razón a una afiliada de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones que dos años atrás interpuso una demanda contra varias órdenes dictadas por la dirección de la prisión guipuzcoana.
Más en concreto, el fallo judicial condena al citado departamento del Ejecutivo vasco y le ordena que "no permita las órdenes verbales de los Jefes de Servicio a los Coordinadores del centro penitenciario dirigidas a atribuir a éstos funciones en sustitución ordinaria de los Jefes de Servicio". Asimismo, la juez ordena anular varias órdenes administrativas de los años 2011, 2010 y 2018. Y, por último, obliga a la administración a pagar las costas de este proceso iniciado en 2022.
Ejecución de la sentencia
Una vez conocida esta sentencia, el pasado julio fue ejecutada en parte por el actual director de la cárcel de Gipuzkoa, Alfredo Gómez, un veterano de la prisión que llegó al cargo en 2023 en sustitución de la anterior directora, Marian Moreno. Dicha ejecución ha generado malestar en el sindicato de la denunciante.
En un comunicado publicado tras la citada sentencia, la APFP denuncia que "el director del centro penitenciario de Martutene, Alfredo Gómez, vuelve a emitir órdenes de dirección que contradicen la sentencia estimatoria ganada y atribuye funciones a los coordinadores de servicio con un nivel 20 a hacer funciones que en los otros centros penitenciarios suelen hacer genéricos de vigilancia interior de nivel 16 u otros profesionales".
Además, el sindicato destaca que "la publicación de las órdenes coincidía con el turno de trabajo de nuestra afiliada, que ocupa el puesto de coordinadora de servicios y que ejerció la demanda", lo que a su juicio "da a entender que el director ha querido hacer un 'ejercicio de poder abusivo' sobre ella y para que el resto de trabajadores vean que el 'ordeno y mando' sigue vigente no obedeciendo las sentencias judiciales".