El acoso continuado desde hace 18 años de un ayuntamiento vizcaíno a un vecino vuelve a judicializarse

El caso del acoso continuado desde hace 18 años del Ayuntamiento de Zamudio a un vecino ha vuelto a judicializarse. Un juzgado de Bilbao investiga la anulación del decreto municipal que propició el  acoso continuado que sufre un vecino por parte del Consistorio desde hace 18 años.  La orden municipal, dictada en 2014, ordenó el derribo de unas estacas en la propiedad del residente, pese a que esta actuación ya motivó unos años antes la condena de la entonces alcaldesa Sorkunde Aiarza (PNV), quien tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitada.

El afectado es José María Zarate, quien desde hace dos décadas sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.

Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la exalcaldesa Sorkunde Aiartza. Por esa decisión, fue condenada por los tribunales por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público al haber ordenado el derribo “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”, y las estacas tuvieron que reponerse.

Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Entonces, el vecino repuso los palos en su propiedad.

Sin embargo, meses después, el anterior alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y ordenó la nueva retirada de las estacas en un decreto. A día de hoy, diez años después, el consistorio sigue sin facilitar la licencia de fin de obra.

Otra anomalía es que el decreto de 2014 fue una resolución “fantasma”, ya que no se notificó al vecino hasta tres años después. De hecho, según las declaraciones en los pleitos judiciales de este caso, ese decreto de 2014 no ha tenido la preceptiva firma del secretario municipal.

La anulación de la orden, diez años después, fue firmada el pasado 26 de enero por el actual alcalde Lander Aretxabaleta. La razón esgrimida son las dudas sobre la decisión tomada en 2014. “Alberga al menos algún umbral de duda que debe ser despejado”, señala el ayuntamiento.

El Consistorio se refiere a la titularidad del camino donde están las estacas. En su estrategia de acoso al vecino, ha querido demostrar que el camino es público (con la intención final de derribar los palos), cuando las sentencias judiciales que condenaron a la exalcaldesa Sorkunde Aiarza señalaban que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro.

Desde 2018, el Consistorio ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 aprobó declararlo como público. Solo en las gestiones para dicha declaración, el Ayuntamiento se había gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según certificó entonces el interventor municipal.

El vecino ha recurrido a los tribunales y dos sentencias ya le han dado la razón, en 2022 y 2023. La última fue sobre el decreto “fantasma” de 2014 y el juez reprochó al Consistorio que acudiera a la Justicia, puesto que la revocación del decreto la podía ejecutar el propio ayuntamiento sin permiso judicial. Incluso apuntaba a que el decreto podría ser ilegal en una frase que aparece subrayada en la sentencia: “Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que la cuestión pueda ser analizada desde la perspectiva de la revocación de actos si se dieran los requisitos para ello”.

Pero esta anulación de la orden de derribo no ha cerrado el caso. Este verano ha sido llevada a los tribunales por otro vecino, cuya familia (que reside justo en frente de José María Zarate) es la que inició la persecución contra el afectado. El caso está ya en el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao, que pidió a finales de julio el expediente al Ayuntamiento.

Sin embargo, el Consistorio aún no ha remitido la notificación al aludir a la falta de personal. En un escrito enviado al juzgado el pasado 9 de septiembre, se argumenta que “por cuestiones de ausencia de personal municipal no se ha podido atender al presente requerimiento, pero se espera aportar la documentación requerida a la mayor brevedad”.

El sonrojante caso de acoso a un vecino en el municipio vizcaíno de Zamudio por parte de su Ayuntamiento, que se prolonga durante 18 años, ha vuelto a los tribunales. La familia que inició la persecución ha interpuesto una denuncia ante un juzgado de Bilbao en contra de la anulación de un decreto municipal que había ordenado el derribo de unas estacas. Y, en otro episodio de este esperpento, el ayuntamiento aún no ha remitido al juzgado el expediente del caso por “falta de personal”. Algo difícilmente entendible cuando cualquier documento se puede digitalizar y enviar al juzgado correspondiente.