El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha expresado su rechazo ante las recientes concesiones de terceros grados a dos miembros de ETA, Luis Mariñelarena Garciandía y Harriet Iragui Gurruchaga, otorgadas ayer. Mariñelarena fue condenado por su participación en el atentado con coche bomba que asesinó al político Fernando Buesa y al escolta Jorge Díez Elorza, mientras que Iragui fue condenado por tres asesinatos en el año 2000 en Andalucía, incluyendo el de José María Martín Carpena, Luis Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos.
COVITE considera que ambos etarras no cumplen con el requisito legal del arrepentimiento, un aspecto fundamental para progresar en grado. Según Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, ambos son “exhibidos constantemente” por la izquierda abertzale, en particular por SARE y SORTU, en actos donde se exige su excarcelación, lo cual demuestra que no están arrepentidos. “La izquierda abertzale prohíbe el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, por lo que sin estos requisitos no deberían progresar al tercer grado”, subrayó Ordóñez.
Además, COVITE ha mostrado su decepción con la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, acusándola de continuar con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no se han arrepentido, a pesar de sus promesas de cambiar esta política. “Es un fraude que afecta al derecho de las víctimas a la justicia”, afirmó Ordóñez, recordando que menos de una semana después de las declaraciones de San José en el Parlamento Vasco, la situación sigue siendo la misma que bajo el Gobierno del PNV.
También ha cuestionado la validez de las cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan su arrepentimiento. Para el colectivo, la única forma de demostrar un arrepentimiento genuino es mediante manifestaciones públicas en las que rechacen abiertamente el terrorismo de ETA. “El principio de reinserción solo puede cumplirse mediante la deslegitimación pública del terrorismo”, señalaron.
El colectivo ha denunciado que estas concesiones de tercer grado se están produciendo en medio de un “silencio generalizado”, criticando tanto al gobierno como a la oposición por no pronunciarse al respecto. Ordóñez cuestionó la falta de reacción ante lo que describió como “excarcelaciones encubiertas”, sugiriendo que estas concesiones responden a una de las exigencias de ETA para dejar de matar.
Finalmente, COVITE ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a recurrir estas decisiones y ha exigido a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco que explique en qué se ha basado para conceder el tercer grado a estos presos, ya que, según afirman, esta vez ni siquiera se les ha proporcionado información detallada sobre los fundamentos de dichas resoluciones.