Este jueves, el grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con el Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores, debido a las modificaciones que introdujó el PP en 2015 cuando tenía mayoría absoluta.
El Gobierno incluyó una reforma de esta norma en el Plan de Acción por la Democracia que aprobó hace dos semanas el Consejo de Ministros. Sin embargo, Bildu había pedido ir más allá de las propuesas iniciales del Ejecutivo en ese documento.
Durante la legislatura anterior, se intentó modificar en el Congreso los aspectos más controvertidos de la 'Ley Mordaza. La ponencia encargada de la revisión llegó incluso a aprobar un informe, pero el proceso se estancó en la Comisión de Interior debido a la negativa de Bildu y ERC que no lo apotaron porque era "insuficiente".
Ambos partidos, aliados clave del gobierno, rechazaron los cambios pactados entre PSOE, Unidas Podemos y el PNV porque no incluían la prohibición de las 'devoluciones en caliente' de migrandes en las fronteras, la eliminación del uso de pelotas de goma por parte de la policía, y la limitación de las sanciones administrativas por desobediencia o falta de respeto a la autoridad.
Esta reforma supone un nuevo ciclo para la 'Ley Mordaza', como se le conoce a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana llevada a cabo en 2015 por el gobierno de Rajoy.
Fin a las pelotas de goma y a las 'devoluciones en caliente'
Bildu ha acordado con el gobierno las peticiones que realizaba desde la anterior legislatura y por las que mostró su rechazo a la reforma de la 'Ley Mordaza'.
El fin de las pelotas de goma y las 'devoluciones en caliente' eran asuntos clave para este grupo parlamentario.
Las pelotas de goma se sustituirán "por otros medios menos lesivos", y, en el plazo de seis meses, se presentará una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a las 'devoluciones en caliente'.
Limitación de las sanciones administrativas
La limitación de las sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia era el tercer eslabón para que Bildu llegase a un acuerdo con el gobierno.
"A partir de ahora esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión", ha asegurado Aizpurua.
La policía solo podrá sancionar las "expresiones relevantes" como los "insultos o injurias".
Además, las sanciones por faltas de respeto se anularán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve.