Los sueldos de los docentes de centros concertados se equipararán a los de los trabajadores de la red pública con carácter retroactivo al año 2023. Una medida que será posible tras la aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuestos que ha llevado a cabo este martes el Consejo de Gobierno.
Según ha detallado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, el importe abonar en concepto de equiparación por medio de esta propuesta de modificación es de casi 67 millones de euros. "Lo que se pretende es el abono de las diferencias en las retribuciones derivadas de parte de la equiparación en lo que respecta a los ejercicios 2023 y 2024, hay una parte retroactiva también", ha explicado.
Tal y como ha precisado la consejera de Educación este proceso se enmarca en el mandato legal, tanto de la Ley Orgánica de Educación (2006) de posibilitar dicha equiparación, como de la Ley de Educación de Euskadi (2023) de garantizar la prestación de una enseñanza gratuita en los niveles correspondientes y de calidad a través de los centros financiados con fondos públicos.
Pedrosa ha señalado que, según sus previsiones, es que antes del 31 de diciembre la ley esté aprobada y, posteriormente, el departamento de Hacienda habilite los fondos para poder afrontar estos pagos.
"Esta equiparación salarial permite seguir dando pasos hacia la gratuidad de la enseñanza en los centros que prestan el Servicio Público de Educación Vasco puesto que evitará que centros concertados tengan que reflejar las consecuencias de incrementos salariales a través de las cuotas", ha explicado la consejera.
En este sentido, Pedrosa ha explicado que cuando se habla de gratuidad es en el "servicio educativo", no en otros complementarios como comedor o transportes en los que existen determinadas becas.
"Con este paso en la equiparación nos adecuamos a esa gratuidad poco a poco", ha añadido, tras señalar que se está haciendo un análisis exhaustivo de qué tipo de copagos existen en los centros.
Pedrosa ha explicado que las actividades complementarias son "aquellas actividades que, en muchos casos, las familias pagan por hacer actividades curriculares y que no están obligadas a pagar esas actividades complementarias".
"Todo eso también se va a regular. La ley nos da el mandato de regularlo. Son cambios que poco a poco iremos desarrollando en la normativa que tenemos prevista en el desarrollo de la ley", ha concluido.