La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a los dos anteriores alcaldes de Zaratamo (Bizkaia), quienes, junto al abogado municipal, fueron procesados por contrataciones ilegales. La sentencia rechaza que cometieran un delito de prevaricación, como sostenían la Fiscalía y el juzgado que realizó la investigación. “No ha quedado acreditada la existencia de un plan global dilatado en el tiempo de favorecimiento personal al letrado”, concluye el fallo dictado el pasado 11 de octubre, que ya es firme al no haber sido recurrido por ninguna de las partes.
El caso se sustanciaba en las irregularidades en la contratación del abogado municipal a través del fraccionamiento de contratos a lo largo de diez años, que sumaron más de medio millón de euros. La denuncia había partido del anterior secretario municipal de Zaratamo, jubilado hace más de tres años.
Se refería las contrataciones del del entonces abogado externo del Ayuntamiento, Álvaro Cueto, quien actualmente ya es empleado municipal. El exsecretario consideraba ilegales los contratos suscritos con el abogado por realizarse sin convocatoria pública y utilizando el fraccionamiento durante esos 9 años. “Estaríamos ante un supuesto de fraccionamiento de contratos con la finalidad de acudir a procedimientos de contratación más laxos”, concluía la investigación judicial.
El juez centraba las acusaciones en el anterior primer edil Jon Ajuria
La investigación del juzgado de instrucción, finalizada en junio de 2022, señalaba que las irregularidades comienzan en 2010, cuando era alcalde Roberto Ibarretxe, en representación de Eusko Alkartasuna. Afirmaba que entonces se suscribe un contrato por dos años que excede el límite legal de 60.000 euros (que obligaba entonces, señala el juez, a una convocatoria pública y no a una invitación a tres ofertas) y alcanza los 81.000 euros. Ese contrato no tiene ningún reparo del secretario municipal y es avalado por tres personas, entre ellos el entonces alcalde, quienes durante la instrucción han atribuido la aprobación a un “error” por no haber mirado la documentación.
El juez centraba las acusaciones en el anterior primer edil Jon Ajuria, quien (en representación de la candidatura independiente Gure Herria) al entrar en la alcaldía en 2011 ya firma un nuevo contrato con el abogado externo sin expirar el anterior. Desde entonces va suscribiendo sucesivos contratos con el letrado para asuntos urbanísticos, en algunas ocasiones sin continuidad, lo que provoca que el abogado esté trabajando sin contrato, pero percibiendo 3.400 euros mensuales, sin contar el IVA. El secretario municipal, que realiza su primer reparo a estas adjudicaciones en 2015, vuelve a emitir informes contrarios en 2018. Con la entrada del actual alcalde en 2019, se decide prescindir del abogado. Pero el letrado presenta una denuncia y el Ayuntamiento, sin ni siquiera ir a juicio, decide readmitir al abogado.
El juez concluía que se creó “la apariencia de cumplimiento de la legalidad y lograr de esta manera alcanzar el resultado idéntico en todos ellos: la contratación del Sr. Cueto a razón de 3.400 euros al mes (3.409 euros en el último contrato)”.
La Audiencia de Bizkaia ha rechazado tanto las conclusiones del juzgado como de la Fiscalía
“La finalidad perseguida era la contratación del Sr. Cueto para la prestación de servicios de asesoría jurídica a razón de 3.400 euros al mes, recurriendo para ello al procedimiento negociado sin publicidad aún a sabiendas de que no se cumplían efectivamente los requisitos legales para ello, por ser éste un procedimiento más sencillo y manejable al no tener que realizarse una oferta pública. Todo ello con quiebra de los principios que han de regir la contratación pública”, agregaba.
Pero la Audiencia de Bizkaia ha rechazado tanto las conclusiones del juzgado como de la Fiscalía, a la que le propina un fuerte varapalo. Le reprocha que “mezcla indebidamente hechos, indicios, valoraciones y consideraciones jurídicas” y que su escrito de “dista de ofrecer la claridad necesaria”. Agrega que los magistrados de la Audiencia vizcaína tienen serias dificultades para conocer “por qué entiende el Ministerio Fiscal que se cometió el delito” y que no saben “dónde reside la ilegalidad en la actuación administrativa”. Además, aprecian “confusión y cierta inconcreción en los términos de la imputación”.
La Audiencia admite que existieron irregularidades en las contrataciones. “Se trataba de una situación que no era la deseable” y que “lo correcto” habría sido la provisión de una plaza “para hacer frente a esa necesidad permanente”.
Pero el tribunal estima que “parece claro que ni existió la patente y grosera ilegalidad de los correspondientes administrativos, ni tampoco la arbitrariedad a la que se refiere la norma penal”. Concluye que los dos alcaldes acusados no ejercieron “una conducta eminentemente dolosa guiados por su exclusiva voluntad y capricho, tendente a saltarse dicha normativa por una cuestión de favorecimiento reiterado a una persona”.
La Audiencia carga contra la actuación del exsecretario municipal, el denunciante del caso
El fallo agrega que “no existió ninguna objeción ni por parte del Tribunal de Cuentas del Estado ni tampoco por parte del Tribunal Vasco de Cuenta Públicas a los que también se dirigió el Secretario-Interventor” y que desde el Ayuntamiento de Zaratamo “no se puso en marcha ningún procedimiento interno de revisión de oficio y anulación de los correspondientes actos administrativos”.
La Audiencia carga contra la actuación del exsecretario municipal, el denunciante del caso. Relata que los alcaldes no tuvieron la ayuda del único empleado del Ayuntamiento con cualificación en materia jurídica. “No se tiene constancia de la intervención en todo este procedimiento de quien en esa situación más propiamente había de velar por la regularidad y pureza de los procedimientos, el Secretario-Interventor”.
Más de cuatro años después de iniciarse la investigación, han quedado absueltos dos exalcaldes y un abogado municipal, acusados de contrataciones externas durante 10 años mediante el fraccionamiento. Aunque detecta irregularidades, la Audiencia descarta que haya delitos penales y carga duramente contra la Fiscalía y el secretario municipal, quien fue el denunciante del caso. No parece que ambos hicieron bien su trabajo, lo que ha provocado dejar en la picota durante más de cuatro años a dos exprimeros ediles de un municipio. La lentitud y sus fallos convierten, bastante más de lo deseable, a la Justicia en la injusticia.