El pasado 23 de enero se cumplieron 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, al que se dedicó un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, su hermana Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.
Este viernes, la Audiendia Nacional ha dictado auto de procesamiento contra cinco exjefes etarras en el marco de la investigación a la cúpula de la banda terrorista por el atentado contra el concejal del PP en San Sebastián.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Francisco de Jorge declara el procesamiento de José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Ignacio Gracia Arregi 'Iñaki de Rentería'; Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Julián Atxurra Egurrola, 'Pototo', y Juan Luis Agirre Lete, 'Isuntza', a quienes el PP pidió procesar por estos hechos.
El pasado martes, este mismo juzgado aceptó la petición de las acusaciones, entre las que figura la familia de Ordóñez, representada por el letrado Rubén Múgica, de ampliar al menos seis meses más, hasta el 29 de julio, el plazo de investigación de esta causa.
En una imagen de archivo (2013) el exdirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri' / CHEMA MOYA - EFE
Valentín Lasarte
Asimismo, emplazó al arrepentido Valentín Lasarte, que cumplió condena por una decena de atentados, para que declare como testigo en esta investigación abierta por la presunta responsabilidad de los exjefes de ETA a la hora de ordenar y no impedir el asesinato del concejal de 36 años el 23 de enero de 1995.
Ahora, en un nuevo auto, el juez instructor procesa a estos cinco exetarras, miembros del Comité Ejecutivo de la banda desde 1992 hasta sus respectivas detenciones, por delito de asesinato terrorista y atentado contra la vida de Ordóñez, al tiempo que les emplaza para que nombren abogado y "oírlos en declaración indagatoria con asistencia letrada".
El magistrado atribuye además a los cinco procesados "la responsabilidad por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración en el comité, incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos".
El juez distingue entre las actuación y funciones de los comandos de ETA y el papel que ejercía su Comité Ejecutivo.
Así, indica que este se reservaba para sí la decisión de elegir los objetivos especiales, de singular trascendencia y relevancia política, dejando a los comandos la capacidad de elegir por sí mismos los objetivos de sus atentados cuando se trataba de policías, guardias civiles o militares.
El Comité, según el juez, controlaba la actuación de los comandos y su funcionamiento, aunque no interviniera en la elección de los objetivos ordinarios; coordinaba el funcionamiento de la organización y el rendimiento de los comandos y de los integrantes de los distintos aparatos de la banda, adiestraba a sus componentes y entregaba las armas, explosivos y el material necesario para atentar.
El juez señala que la cúpula de la organización terrorista también impedía la deserción de sus miembros, les facilitaba la huida a países considerados seguros o tomaba represalias violentas contra ellos.
Comité Ejecutivo
Además, se encargaba de los aspectos económicos de los comandos, facilitando los medios económicos para cometer los atentados, pagar los sueldos de los liberados, así como ofrecer los recursos financieros a los miembros a los que había autorizado dejar la actividad armada, asegurando la financiación de la banda en su conjunto.
El juez recuerda que el asesinato de Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995, de un disparo efectuado por un encapuchado en un restaurante de San Sebastián, se encuadra dentro de la "estrategia de desestabilización" que desarrollaban los procesados a través del Comité Ejecutivo o cúpula de ETA.
Considera asimismo que ha quedado acreditada su función decisiva en la orden de asesinarlo, como resultado de una decisión colegiada adoptada en 1994.
Por este asesinato fueron juzgados y condenados los miembros del 'comando Donosti' de ETA Valentín Lasarte, Javier García Gaztelu 'Txapote' y Juan Ramón Karasatorre.