El Tribunal Superior vasco tiene pendiente desde hace un año decidir sobre otra presunta ilegalidad del casoplón de 11 baños de Aia (Gipuzkoa), con una orden de demolición dictada el pasado 17 de enero por la Justicia. En concreto, si el Ayuntamiento de Zarautz (colindante al de Aia) actuó ilegalmente a favor de palacete al conceder en 2015 la licencia de agua. El Consistorio se negó siquiera a debatir el asunto en junio de 2020 y una concejal del grupo de Podemos Equo Berdeak llevó el rechazo municipal a debatirlo a los tribunales. Es un tema que implica al entonces y todavía alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.
Un juzgado de San Sebastián archivó la demanda en septiembre de 2023 alegando que habían pasado cinco años desde la concesión de la licencia y que, en el permiso de agua, no había “ninguna causa de nulidad de pleno derecho”. Podemos Equo Berdeak presentó un recurso y el Tribunal Superior vasco abrió una investigación el 1 de enero de 2024.
En la demanda, se aportaba un informe del técnico de Urbanismo de Zarautz que cuestionaba uno de los principales argumentos de defensa del casoplón de 11 baños: que es una reconstrucción y no un nuevo edificio. “La actual solicitud (de licencia para la acometida de agua) es para un nuevo edificio en construcción que al parecer no se corresponde con el antiguo caserío”, concluía el informe del técnico. Este ha sido el principal argumento del Tribunal Superior vasco para ordenar la demolición, en su reciente sentencia del 17 de enero. El alto tribunal considera ilegal su reconstrucción (en un alto del municipio guipuzcoano de Aia) en un lugar diferente al del caserío original (en concreto, a unos 200 metros), lo que contraviene la ley vasca de Suelo.
Además, la concesión de la licencia de agua en 2015 se tramitó con otra irregularidad: sin la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete. El propio ayuntamiento de Zarautz, en un informe de un técnico municipal fechado el 8 de junio de 2015, reconoció que es necesaria ese documento, como establece el artículo 214 de la ley vasca del Suelo. Pero el consistorio otorgó el permiso del agua el 17 de agosto de 2015 sin dicha licencia de primera ocupación. Este permiso se tramitó el 13 de noviembre de 2017, es decir dos años y tres meses después de aprobarse la acometida del agua.
Y la licencia de ocupación fue un documento “fantasma”, ya que apareció después de cinco años, tras la queja de Podemos Equo Berdeak en esta localidad pidiendo anular el permiso de acometida del agua. Pese a todo ello, el Ayuntamiento de Zarautz acordó mantener dicha licencia, como refleja un documento municipal del 5 de junio de 2020.
Con la tramitación de la licencia de agua, existen otras anomalías, ya que el Ayuntamiento de Zarautz también ignoró un informe de la Diputación de Gipuzkoa que certificaba que la construcción del palacete incumplía la ley. El Consistorio pidió, en mayo de 2015 antes de emitir su informe sobre la licencia, información sobre el casoplón a tres departamentos de la Diputación de Gipuzkoa. La solicitud, fechada el 13 de mayo y firmada por el entonces concejal de Urbanismo Iñaki Eizagirre, se justificaba por la petición de varios vecinos y un grupo ecologista.
La petición de información sobre el casoplón por parte del Ayuntamiento de Zarautz fue respondida pocos días después por los tres departamentos. En uno de los informes, firmado el 7 de mayo de 2015 por el jefe de la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, se concluye que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agrega que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección». Una argumentación idéntica a la sustentada ahora por el Tribunal Superior para ordenar la demolición.
Pese a este informe que ya apuntaba irregularidades en la edificación, el Ayuntamiento de Zarautz no lo tuvo en cuenta y concedió en agosto de 2015 la licencia de acometida de agua.
En la denuncia que tiene sobre la mesa el Tribunal Superior desde hace un año, se plantea que, además de obligar al ayuntamiento a revisar la legalidad de la licencia de agua concedida, se aborde el fondo del asunto: la concesión en un área muy protegida (declarada no urbanizable de especial protección) y la carencia de los permisos y documentos que comportan dicha protección.
El Tribunal Superior vasco, tras la contundente sentencia que ha ordenado la demolición del casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa), tiene que decidir sobre otra irregularidad: si el Ayuntamiento de Zarautz actuó ilegalmente al conceder la licencia de agua al palacete. El Consistorio dio el permiso sin la licencia de primera ocupación (tramitada dos años después y que se mantuvo oculta cinco años), obviando un informe de la Diputación de Gipuzkoa que alertaba del incumplimiento de la ley vasca de Suelo y otro de un técnico municipal. Demasiados claroscuros aún pendientes de resolverse.