El Defensor del Pueblo recoge un incremento del uso de medidas coercitivas en las cárceles vascas

La última memoria de fiscalización del Defensor del Pueblo recoge un “incremento general” de la aplicación de medidas coercitivas en los centros penitenciarios de toda España. Y en relación a las cárceles vascas, destaca que en Euskadi se practica “un importante número de contenciones mecánicas” en mujeres, personas jóvenes y extranjeras.

Euskadi y Cataluña son, según este informe de 2024, los territorios donde más se practican este tipo de medidas coercitivas, aunque Cataluña lidera en el uso de esta práctica. “Esta Administración había desarrollado en 2023 un programa de actuaciones urgentes dirigidas a reducir el uso de contenciones, pero el número y la duración de ellas, en los meses de 2024, muestran que seguía siendo muy alto”.

Las medidas de contención a las que hace referencia el informe de Ángel Gabilondo son intervenciones físicas o mecánicas utilizadas en centros penitenciarios para controlar a personas privadas de libertad que presentan conductas violentas o alteradas, y que supuestamente pueden poner en riesgo su integridad o la de terceros.

La contención mecánica consiste en la inmovilización de una persona mediante el uso de medios físicos como correas o sujeciones en una cama o camilla, normalmente en una celda especial. Una medida muy controvertida por su impacto físico y psicológico. El uso de estas medidas ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos y por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya que pueden derivar en malos tratos o situaciones degradantes si no están bien justificadas y supervisadas. Su aplicación frecuente, prolongada o sin control puede vulnerar los derechos fundamentales de los internos.

La memoria del Defensor del Pueblo recoge que la Administración penitenciaria del País Vasco “aceptó varias recomendaciones relativas al diseño de sendos protocolos para la investigación y prevención de malos tratos y reconocimiento médico a efectuar en situaciones de aislamiento”.

Centro Penitenciario de Zaballa / EP

También destaca que las cárceles vascas promovieron “avances sobre la aplicación de las limitaciones de régimen remitiendo indicaciones a los centros con el fin de minimizar las restricciones inherentes a su aplicación y establecer ciertas cautelas”.

El informe anual del Defensor del Pueblo destaca también que el modelo de parte de lesiones empleado en los centros penitenciarios del País Vasco sigue sin cumplir con los estándares recomendados en el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes). “Las oportunidades de mejora detectadas en la documentación de lesiones en las prisiones de la Administración General del Estado no se circunscriben a casos o centros concretos, sino que responden a un problema estructural asociado a cierta falta de formación”, concluye.

En relación con el registro y la investigación administrativa de las muertes en prisión, el Defensor del Pueblo pone como ejemplo el caso de Euskadi, donde, desde 2024, “la Administración penitenciaria del País Vasco documenta y recaba información sobre las muertes de internos acaecidas en tercer grado o libertad condicional”.

Por otro lado, Gabilondo reconoce “avances en materia de videovigilancia” en las cárceles vascas. Aunque persisten los problemas de identificación del personal penitenciario de la Administración General del Estado y la del País Vasco debido a “la falta de entrega de datos al respecto”.

Gabilondo destaca también que sigue habiendo “dificultades” para gestionar adecuadamente los centros e implementar proyectos que se están diseñando para reducir los incidentes de régimen y avanzar en la reinserción de los internos. Los avances en materia de personal son siguen siendo, en este sentido, insuficientes para afrontar esta realidad en todas sus dimensiones.