El grupo nacionalista vasco (EAJ-PNV) en el Congreso de los Diputados quiere reforzar el papel del pleno del Tribunal Constitucional como árbitro e intérprete último en los conflictos de competencias que puedan surgir entre Comunidades Autónomas y entre estas y la Administración Central del Estado. Sobre todo, frente a impugnaciones que puedan hacerse a través de la justicia ordinaria frente a cualquier avance competencial.
Por ello, el grupo que dirige Maribel Vaquero en Madrid acaba de registrar en la Cámara Baja una Proposición no de Ley que propone reformar la norma que regula el Tribunal Constitucional para introducir dos nuevas herramientas: el recurso subsidiario de delimitación competencial, por un lado, y la cuestión prejudicial de delimitación competencial, por otro.
En su exposición de motivos, los nacionalistas explican que las delimitaciones de las competencias traspasadas a las Comunidades se basan en los acuerdos alcanzados en las comisiones mixtas de transferencias, en las juntas de seguridad previstas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en los correspondientes Estatutos de Autonomía.
“Aunque no sean acuerdos atributivos de competencias, sí sirven, según el TC, para conocer el exacto valor de lo expresado sintéticamente en la norma mediante la cual se asume la competencia”, explica el grupo vasco.
Esto no impide, sin embargo, que un “sujeto legitimado”, alegan, pueda impugnar ante la justicia ordinaria una trasferencia competencial. Por ello, los nacionalistas quieren reforzar el papel del Tribunal Constitucional como garante del equilibrio competencial en el Estado autonómico. Para que pueda pronunciarse en última instancia o para que los jueces puedan plantear, previamente, una cuestión de prejudicial.
“Por medio del mecanismo propuesto, el Pleno del Tribunal Constitucional –explican– puede preservar la unicidad de su doctrina sobre el reparto competencial constitucional pronunciándose sobre si lo expresado” en los acuerdos de competencias “es conforme o no al reparto competencial establecido en la Constitución y los Estatutos y en las leyes que delimiten competencias, y acordar, en su caso, la anulación de la resolución judicial”.
En la primera de las herramientas propuestas por el PNV, el denominado recurso subsidiario de delimitación competencial, los nacionalistas señalan que corresponderá al TC “el conocimiento de los recursos subsidiarios de delimitación competencial frente a las resoluciones judiciales que se pronuncien”. Antes, habrá que haber agotado la vía judicial ordinaria y el recurso deberá interponerse en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución. “La sentencia corresponderá al Pleno y declarará la titularidad y el alcance de la competencia controvertida” y “acordará, en su caso, la anulación de la resolución judicial”.
La segunda herramienta, la cuestión prejudicial de delimitación de competencias, servirá a los tribunales a modo de consulta previa. Podrán elevar al TC una cuestión previa, con carácter prejudicial, sobre “la validez de los acuerdos adoptados” en los traspasos de competencias “cuando de ella dependa el fallo del litigio principal”.