El pecado de la abogada y activista por los derechos humanos Zenaida Serrano fue alzarse contra la explotación minera en El Salvador y contribuir a que su país se convirtiera en el primero del mundo en prohibir la minería metálica. Ocurrió en 2017, cuando la Ley de Prohibición de la Minería Metálica entró en vigor un año después de que el CIADI, con sede en Washington, fallara a favor del Estado salvadoreño frente a la demanda de la minera canadiense Pacific Rim (adquirida por la australiana Oceana Gold), que reclamaba 250 millones de dólares por haberse negado El Salvador a concederle permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas, tierra de Serrano. El papel de los activistas fue clave en aquella victoria.
Zenaida lleva desde el año 2005 trabajando alternativas de desarrollo económico frente al extractivismo minero. Quiere a su tierra como nadie y la defiende con más fuerza que nunca. Motivo por el que fue, y sigue siendo, parte de la lucha y de la resistencia contra las empresas mineras, algo que le está pasando factura después de lo ocurrido en 2017. Tras la prohibición de la minería aquel año, la Asamblea Legislativa aprobó en 2024 la Ley General de Minería Metálica. Ahora, la salvadoreña se enfrenta a la persecución de su propio gobierno: "Somos perseguidos porque quiere explotar la mina que está en mi comunidad. Al sacar el oro, están extrayendo las vidas de quienes somos desplazados, perseguidos y asesinados", denuncia la abogada a CRÓNICA VASCA.
De la defensa a la represión
Los tiroteos a su casa se repiten en su cabeza, arrastrándola, de nuevo, a 2022, cuando la abogada comenzó a presenciar situaciones que le saltaron las alarmas en su comunidad de El Salvador, San Isidro. En aquel entonces, se topó con extranjeros "ofreciendo microtúneles e invernaderos para producir alimentos patrocinando al partido de Nuevas Ideas", del presidente Nayib Bukele. En ese mismo año, empezó a denunciar la aparición de agentes mineros de México, Perú y Costa Rica.
La salvadoreña vivía situaciones que "se salían de lo normal" antes de marcharse, en abril de este año, al territorio vasco, como la declaración en 2022 del régimen de excepción solicitado por Bukele (todavía vigente). Con este se suspendieron garantías constitucionales y se concedieron poderes sin restricciones a las fuerzas de seguridad del país, como detalla una de las organizaciones líderes en investigación, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Este fue aprobado con el argumento de combatir a las pandillas, aunque las organizaciones de derechos humanos denuncian que se ha utilizado contra personas que no pertenecen a estas. Bajo este régimen se han asesinado a más de 130 personas inocentes, se han producido desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de derechos humanos, confirma Amnistía Internacional. La violencia se ha vuelto la norma con esta medida que en un principio tenía prevista una duración de 30 días y que ha sido renovada mensualmente por la mayoría legislativa del partido Nuevas Ideas.
En la actualidad se registran más de 85.000 detenidos desde que se implementó el régimen de excepción. "Este sirve para perseguir a las comunidades. En San Isidro, quien no está preso, ha tenido que emigrar por miedo; somos obligados a abandonar el territorio, somos parte del cordón de oro que hay en Centroamérica", señala Zenaida.
"El cerco militar se focaliza en el municipio de San Isidro, de donde soy originaria y que abarca la mina. Comenzamos a recibir registros de parte del Ejército, llegaban a mi casa a inspeccionar todo, a botar todo, y así empezó una persecución muy dura", relata Serrano.
Asegura que los vehículos polarizados se instalaban frente a su hogar y delante de su pequeño negocio y lugar de trabajo, lo que le obligó a mudarse en varias ocasiones. "Llegaron a ametrallar nuestra casa a las 22.00 de la noche cuando regresábamos".
Una vez dentro de su vivienda, les dispararon a la casa. "Llamamos a la policía y al 911, pero no llegó nadie. Apagamos las luces de la sala y nos tiramos al suelo [...] la persona del 911 enlazó con la policía local y la excusa del policía fue que se habían perdido y que no encontraban la casa, una respuesta tan absurda... No había manera de que no pudieran pasar por ahí porque es la única calle".
Nervios embotados, miedo visible y recuerdos que vuelven como flashbacks. Acoso constante a su hija de 17 años a través de llamadas. La infinita represión por parte de su gobierno forzó a Serrano y a su familia al exilio, pero el daño no cesa. "Este se ha dirigido hacia mi hija mayor de 17 años, recibe llamadas a las dos de la madrugada desde números que no existen al devolverlas".
Imposición de la minería
En 2017, El Salvador prohibió la extracción, exploración, explotación y procesamiento con el objetivo de proteger el medio ambiente por la contaminación de la industria. Sin embargo, la nueva ley confirma que ahora será el Estado el "único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica" a través de "instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad, o a través de sociedades en la que posea participación accionaria".
Zenaida asegura que, antes de aprobarse la nueva ley, ya tenía la información de que, quienes estaban merodeando por San Isidro en 2022, eran agentes mineros: "Alguien facilitó información desde dentro de la alcaldía, nosotros hicimos público estos hechos y el diputado de Cabañas, que es un gran amigo de un hermano de Bukele, se reunió con el representante de la alcaldía de San Isidro para decirle que la minería comenzaría".
Dicho y hecho. En 2024, Nayib hace público que habrá, de nuevo, minería. "Ello nos dio pie para saber que no podíamos continuar, así que, en enero de 2025, tomamos más de 5.000 personas el BINAES (Biblioteca Nacional de El Salvador), un edificio que China le dono al Gobierno de Bukele, un edificio donde destruyeron nuestra biblioteca nacional y todos nuestros registros, todos los libros que había en nuestro país", explica.
Serrano y los activistas se hicieron con el edificio en protesta por esta nueva norma. "La universidad centroamericana de los Jesuitas realizó una encuesta en la que muestra que más del 60% de la población se opone a la minería metálica, y el gobierno sigue insistiendo, porque Bukele se pregunta: ¿cómo es posible que, teniendo oro bajo nuestros pies, seamos el único país que no tiene minería metálica?".
Según el presidente, el país cuenta con 1.400 toneladas de oro (50 millones de onzas) y, con esa riqueza administrada de forma adecuada, se podría impulsar un gran desarrollo económico. Este pidió "confianza" a los salvadoreños afirmando que la tecnología hará que el daño medioambiental sea bajo. Los ambientalistas y la Iglesia católica no tardaron en manifestar su rechazo a la ley, ya que la industria minera contaminaría, según ellos, el medio ambiente.
Nayib confirmó que la explotación se dará por parte de una empresa en "un 50% y por parte del Estado en otro 50%". Sin embargo, Zenaida sabe que "todos los proyectos están en manos de la familia Bukele". De hecho, ha recibido información de que la mina, o el casco de esta, "ha sido adquirida por un hermano del presidente".
En enero de 2025 y según recoge EFE, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Reman) pidió al presidente salvadoreño que "reconsidere la decisión de seguir impulsando" la nueva ley al ser una normativa "impopular", además de "dañina" para el país y, particularmente, "para las comunidades más empobrecidas".
La activista explica las consecuencias de la explotación minera a cargo de los adinerados en el pueblo. Considera que no se ha tenido en cuenta la evaluación ambiental estratégica, "una lucha de años de las organizaciones sociales y de las comunidades en El Salvador". Además, advierte que la minería es inviable porque no tienen agua: "Somos un país que depende del agua y solo el 5% de esta puede consumirse si se le da tratamiento".
Cree que Estados Unidos, quien ya mantiene una relación estrecha y estratégica con la minera Pacific Rim, está detrás de todo esto."Estados Unidos hoy está moviendo los hilos de lo que sucede en Latinoamérica y ya sabemos la política exterior de este país", apunta. "El imperio es el imperio y EE. UU. siempre ha buscado el dominio y la posesión sobre los recursos naturales y los recursos estratégicos de otros territorios. Hay otras potencias que quieren esos recursos, es una realidad, y los países históricamente empobrecidos y obligados a entregar sus recursos, terminan sufriendo las consecuencias de los poderes".